Campaña en defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria
La campaña en Defensa de la Biodiversidad y la Soberanía Alimentaria reivindica los derechos colectivos de las comunidades indígenas, negras y campesinas sobre sus territorios y recursos. Su propósito es resguardar la soberanía alimentaria, valorar y visibilizar las propuestas agroecológicas de producción, preservar la diversidad biológica, cultural y productiva, frente a la privatización y patentamiento de la vida y de los recursos naturales
Fundación Swissaid, Grupo Semillas y Red Agroecológica del Caribe, RECAR
… Sembrar semillas nativas es sembrar soberanía y diversidad…
Las comunidades negras, indígenas y campesinas han sido las guardianas de la diversidad cultural y la riqueza natural de Colombia. Por generaciones nuestros pueblos han conservado sus conocimientos y prácticas productivas ancestrales, lenguas, creaciones artísticas y sus expresiones políticas alternativas. Aunque muchos de sus derechos colectivos y prácticas culturales están hoy protegidos por Convenios internacionales, la Constitución Política Nacional y la ley, en muchos casos los derechos sobre sus territorios y recursos naturales son ignorados y vulnerados.
Son muchas las amenazas que se ciernen sobre las comunidades rurales en un mundo globalizado. Las políticas de globalización y liberación económica, impuestas a través de acuerdos internacionales, tratados de libre comercio y programas de ajuste estructural impulsados por los países del Norte y los organismos financieros internacionales, lesionan la soberanía de las naciones, afectan la diversidad biológica y cultural, fomentan la sobreexplotación de los recursos naturales y vulnera la soberanía alimentaria.
En este contexto se plantea la campaña en Defensa de la Biodiversidad y la Soberanía Alimentaria, la cual reivindica los derechos colectivos de las comunidades indígenas, negras y campesinas sobre sus territorios y recursos. Su propósito es resguardar la soberanía alimentaria, valorar y visibilizar las propuestas agroecológicas de producción, preservar la diversidad biológica, cultural y productiva, frente a la privatización y patentamiento de la vida y de los recursos naturales.
La campaña denuncia la amenaza que representan las semillas y alimentos transgénicos, por sus nocivos impactos sobre el ambiente, la biodiversidad, la salud humana, la soberanía alimentaria y los impactos socioeconómicos, especialmente en la economía campesina. La liberación de semillas transgénicas es muy lesiva para un país megadiverso como Colombia, puesto que es centro de origen y de diversidad de variedades esenciales para mantener una agricultura y alimentación del mundo. La campaña se basa en una visión ética frente a la defensa de la vida, las semillas nativas y la biodiversidad.
La campaña promueve respuestas colectivas y la acción política frente a las amenazas que representan los transgénicos. Este es el caso de la declaratoria del: “Resguardo indígena Zenú, Territorio Libre de Transgénicos”, en octubre de 2005, por parte de 170 cabildos de cinco municipios de Córdoba y Sucre. Este es el primer caso en Colombia y constituye un importante precedente para muchas otras regiones y organizaciones del país. En el mundo existen más de 200 experiencias de territorios o zonas libres de transgénicos.
Los objetivos de la Campaña en Colombia:
- Visibilizar y valorar el papel de la organizaciones locales en el manejo y conservación de la diversidad biológica y cultural y producción agroecológica; que incluyan aspectos como: rescate, uso, manejo e intercambio de semillas criollas, diversificación de la producción, fortalecimiento de los mercados locales, visibilización del papel de la mujer en la cultura, la producción y la economía familiar.
- Promover acciones que permitan proteger los recursos genéticos frente a la biopiratería y frente a la introducción al país de cultivos y alimentos transgénicos.
- Promover el debate público y brindar información a las organizaciones locales y otros sectores de la sociedad sobre temas tales como: políticas públicas y legislación ambiental, biodiversidad, propiedad intelectual, agricultura, TLC, bioseguridad y transgénicos.
- Incidir en diferentes instancias de la sociedad: organizaciones locales, instituciones públicas, sectores académicos y los consumidores.
La estrategia de la campaña incluye acciones como:
- Conformar alianzas y redes regionales y nacionales de organizaciones campesinas, negras e indígenas, agroecológicas y otros sectores de la sociedad.
- Realizar foros regionales con amplia participación y talleres con las organizaciones que participan en la campaña.
- Desarrollar una estrategia de difusión de información y comunicación, a través de materiales, publicaciones, declaraciones, comunicados.
La campaña se promoverá en siete regiones del país: Caribe, Pacífico, cafetera, Santanderes, Huila y Tolima, Cauca y Valle y Sur de Bolívar.
Internacionalmente, la campaña se articulará con las iniciativas emprendidas por organizaciones amigas de la Oficina de Swissaid en Ecuador y Nicaragua.
También se vinculará con otras campañas en América Latina promovidas por la Red América Latina Libre de Transgénicos (RALLT) y la de Semillas de Vía Campesina, entre otras.
Las organizaciones convocantes - Fundación Swissaid, la RECAR y Grupo Semillas - cumplirán el papel de facilitadores y articuladores de las diferentes actividades de la campaña.
Las organizaciones y comunidades locales y otras organizaciones que participen, harán parte de las redes regionales de la campaña. Se pretende desarrollar estrategias y acciones de acuerdo a los contextos, la problemática y las necesidades de cada una de las regiones, y la articulación de objetivos y acciones comunes en el ámbito nacional e internacional.
Invitamos a las organizaciones que estén de acuerdo con los fundamentos y objetivos de la campaña, que se vinculen a esta y la incorporen a su trabajo.
Avances de la campaña
Durante el año 2006 en el marco de la campaña se han realizado seis foro-taller regionales de Colombia: Regiones de Córdoba y Sucre (en Sincelejo y Montería); Región del Tolima y Huila (en Ibagué); Región Valle y Cauca (en Caloto, Cauca); Región cafetera (en Riosucio Caldas) y Región de Santander (en Floridablanca).
En estos eventos se contó con una amplia participación de representantes de las organizaciones campesinas e indígenas, ONG, academia, algunas instituciones y sectores sociales comprometidos con la defensa del patrimonio ambiental del país, de la agricultura campesina e indígena y la soberanía alimentaria.
Así mismo, se identificó en cada región los temas más relevantes, de mayor impacto e interés y se logró conformar un grupo de organizaciones que se comprometieron a promover y coordinar la campaña en cada región.
El 27 y 28 de octubre en la ciudad de Cartagena, se encontraron más de 70 organizaciones de comunidades indígenas, campesinas, jóvenes y mujeres de la región Caribe donde manifestaron mediante una Declaración dirigida a la opinión pública y al Estado, que expresa el rechazo a las políticas que promueven la monopolización y privatización de los recursos naturales, la introducción de las semillas transgénicas y las políticas ambientales y agrarias que afectan a las comunidades rurales.
A mediano plazo, se busca consolidar una estrategia de articulación de los procesos y dinámicas regionales y de unión de esfuerzos para afrontar los temas estratégicos en el orden nacional e internacional y aportar en la construcción de una política pública que tenga como base las iniciativas locales en marcha.
Es así como en el año 2007, en el marco de la campaña se pretende promover la coordinación con otras redes, organizaciones, iniciativas y campañas similares o complementarias que se están adelantando en el país, y en otros países de América Latina (por Swissaid Ecuador y Nicaragua). Se pretende avanzar en los temas de incidencia que se definan en el ámbito regional y nacional. Adicionalmente se buscará avanzar en una estrategia de difusión de información a través de medios escritos, electrónicos y audiovisuales.
A continuación se presenta la declaración del foro público, realizado en Cartagena el 27 de octubre de 2006, en el marco de la Campaña Nacional, "En Defensa de la biodiversidad y la Soberanía Alimentaria", promovido por La Fundación Swissaid, El Grupo Semillas y la Red Agroecológica del Caribe (RECAR).
Declaración del foro por la defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria.
Cartagena 27 de Octubre de 2006
Más de 70 organizaciones de comunidades indígenas, campesinas, jóvenes y mujeres de la región Caribe, reunidos en Cartagena.
Teniendo en cuenta que:
- La región de la Costa Caribe es un espacio de diversidad biológica, cultural y política.
- Las profundas inequidades de los modelos de apropiación territorial en la región han desconocido los aportes y los esfuerzos de los grupos humanos locales, han deteriorado la base natural y han generado condiciones de concentración de la tierra que hacen insostenible la vida para millares de personas.
- El Tratado de Libre Comercio- TLC, acordado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, enajena los recursos estratégicos y determina la pérdida de soberanía en muchos aspectos de la vida económica, social, cultural y política del país.
Entre muchos otros aspectos, para preparar a Colombia frente al TLC, se presiona la inserción en las denominadas cadenas productivas especializadas en proveer materias primas para la demanda de los países desarrollados.
Esto se hace con un enorme costo ambiental y socioeconómico como lo demuestran las plantaciones de palma africana, la caña de azúcar, la yuca amarga y demás materias primas para los llamados biocombustibles. Un enfoque de política que parte de la premisa de suponer que los ùnicos que pueden subsistir en el campo sean los eficientes y competitivos es una clara decisión de liquidar las poblaciones culturalmente ligadas al campo.
- En el país, el actual gobierno promueve reformas regresivas, antidemocráticas, inconsultas y excluyentes en temas estructurales ligados a la vida e integridad de comunidades rurales y aún, las urbanas. La ley de Desarrollo Rural (30S) es un claro ejemplo de ello.
- La integridad de los ecosistemas, base y patrimonio natural de Colombia, que la colocan como país megabiodiverso del planeta y centro de domesticación de cultivos, queda estructural y negativamente afectada con la puesta en marcha de la ley forestal y el código de Minas y con la ley de aguas en trámite. Tales políticas fragmentan la visión ecosistémica, privatizan los recursos y agotan la base de las comunidades asociadas a tales recursos.
- La biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado a ella, son patrimonio colectivo de las comunidades indígenas, negras y campesinas, por lo tanto sobre ellos no se puede aplicar ninguna forma de propiedad intelectual a través de patentes.
- En el mundo existen fuertes cuestionamientos y evidencias sobre los riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos sobre el ambiente, la biodiversidad y los efectos socioeconómicos del país y las comunidades locales.
Por lo tanto
1- Convocamos la unión y solidaridad de las organizaciones sociales, los estudiantes, académicos, Ongs, periodistas y demás sectores democráticos de la región Caribe, frente a las amenazas que afectan la integridad de los territorios, sus sistemas y los recursos locales, frente a las amenazas y políticas que afectan la integridad de los territorios y recursos de las comunidades locales.
2- Rechazamos los mecanismos e intenciones del proyecto de ley de Desarrollo Rural que actualmente cursa trámite en el Congreso. Es ilegal y atenta contra la integridad de más de 10 millones de personas que viven en el campo. Exigimos se archive el proyecto de ley y nos unimos a las demandas que adelantan otras organizaciones.
3- Rechazamos el TLC porque más que un tratado comercial, es una entrega de la soberanía nacional y de los recursos naturales que conlleva a una pérdida de los derechos de los ciudadanos colombianos y significa una imposición desventajosa hacia Colombia por parte de los Estados Unidos y porque no fue consultado con toda la sociedad. El TLC acentúa la pobreza, el desplazamiento y la inequidad.
4- Rechazamos la implementación de los monocultivos que causan enorme daño sobre los ecosistemas locales y sobre la estructura social y económica de las comunidades locales.
5- Rechazamos las leyes nacionales e internacionales que permiten la privatización de la vida y las actividades de biopiratería sobre nuestra biodiversidad y conocimiento tradicional.
Denunciamos que en la carta de entendimiento sobre biodiversidad y conocimiento tradicional incluida en el Tratado de Libre Comercio entre el gobierno colombiano con los Estados Unidos se amplia la aplicación de las patentes a todas las formas de vida y el conocimiento tradicional asociado, legitimando y fomentando la biopiratería del patrimonio genético de la Nación y especialmente, de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, negras y campesinas.
6- A su vez, la ley 1032 del 2006, que modifica el Código Penal respecto a la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, es una clara violación a los derechos de los agrícultores y las comunidades locales a mejorar, conservar y usar las semillas tradicionales. Rechazamos el carácter de esta ley, debido a que penaliza con cárcel y multas el uso no autorizado de semillas registradas o patentadas, dejando como única opción legal el uso de semillas registradas. Esta ley es una clara evidencia a favor de las patentes y control monopólico a favor de las transnacionales semilleras, lo cual llevaría a que los agricultores no utilicen sus propias semillas.
7- Rechazamos las políticas del Gobierno Nacional que permiten y promueven la introducción de cultivos y alimentos transgénicos. Especialmente rechazamos la introducción de maíz transgénico en la región Caribe por ser esta una de las regiones del mundo de mayor biodiversidad de semillas criollas de maíz y por el significado que tiene la cultura del maíz en toda la región, la cual se vería afectada por la introducción de las semillas transgénicas.
8- No aceptamos los programas de fomento agrícola y de ayuda alimentaria que contienen y promueven las semillas y alimentos transgenicas.
9- Respaldamos la Declaración del Territorio Indígena Zenú Libre de Transgénicos,suscrito en Octubre de 2005 por 177 cabildos, ubicados en 5 municipios de los departamentos de Córdoba y Sucre, como una estrategia de defensa de la cultura del maíz frente a la amenaza evidente de los cultivos transgénicos en la Región Caribe y en ejercicio de los derechos constitucionales para el gobierno propio de los territorios indígenas. Exigimos que las instituciones y autoridades gubernamentales reconozcan, respeten y apoyen esta decisión y hacemos un llamado a otras organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas para que protejan sus territorios y los declaren libres de transgénicos.
10- Animamos y nos unimos a las marchas, protestas y demás acciones que en el Caribe y a nivel nacional expresen públicamente el rechazo a la ley de Desarrollo Rural. Hacemos un fuerte llamado a las mujeres, los niños, los hombres, los y las jóvenes, a los consumidores, a los académicos, investigadores y en general a los ciudadanos que comparten nuestras preocupaciones para que tomen parte decidida por las alternativas que planteamos.
11- Proponemos al gobierno colombiano, se tengan en cuenta las iniciativas de las comunidades para el manejo del territorio y las estrategias de conservación y uso de la vida.
¡Por una Colombia diversa, soberana y que respete los derechos de la gente y de la naturaleza!
Más información:
GRUPO SEMILLAS Diagonal 27 Nº 15-31 ofic. 202 Bogotá - ColombiaTel: 571-2855728 Telfax: 571-2855144semillas@semillas.org.co - www.semillas.org.co
martes, junio 26, 2007
Por un Parque cultural
NOTA DE PRENSA
En el día de hoy 25 de junio de 2007 la Sociedad Ecologista Alwadi-ira – Ecologistas en Acción ha presentado un escrito a los distintos grupos políticos en el Parlamento Andaluz solicitando que sea declarado Gandul y Los Alcores como “PARQUE CULTURAL”
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, el pasado 2 de mayo, el proyecto de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que sustituirá a la normativa vigente desde 1991. El proyecto integra en un único catálogo general tanto las dos figuras de protección estatales (Bienes de Interés Cultural y Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español) como las dos autonómicas (Bienes de Catalogación Genérica y Bienes de Catalogación Específica). Estas últimas se unifican en una sola categoría, denominada de Catalogación General. Junto a las figuras tradicionales de clasificación se instituye también la nueva categoría de Zona Patrimonial, a través de la cual se protegerán aquellos lugares que reúnan, en conexión con sus valores paisajísticos y ambientales, bienes de distinta naturaleza y cronología. Estas zonas podrán ser gestionadas por un órgano específico, denominado Parque Cultural, con la participación de administraciones y agentes sociales y económicos implicados.
Una de las zonas más ricas de la Provincia y que reúne las características para que se constituya un Parque Cultural son los Alcores.
En los últimos años estamos asistiendo a una rápida transformación de nuestra Sociedad y del Medio en el que nos ha tocado vivir. Estamos inmersos en un proceso de “Desarrollo” y “Crecimiento” tan vertiginoso que nos hacen pensar si éste es el deseado “Desarrollo Sostenible” que tantas veces hemos oído de boca de políticos y Administraciones y si este fenómeno es posible mantenerlo sin que se rompa el delicado equilibrio que nuestra “Sociedad del Bienestar” mantiene con la Naturaleza.
La comarca que hoy conocemos como “Los Alcores” no es ajena a este proceso de transformación que se constata entre otros aspectos en: un fuerte crecimiento de la población, desenfrenado desarrollo urbanístico, proliferación de actividades que atentan gravemente al medio ambiente como la extracción de áridos, campos de golf, roturaciones y pastoreo abusivos, sobreexplotación y contaminación del acuífero, desaparición del dominio público y cambio de uso, rápido deterioro de nuestro Patrimonio: Histórico, Natural, Cultural, Etnográfico, y lo que es peor, este proceso parece no tener a corto plazo visos de desaparecer.
Esta situación está llevando a Los Alcores a un progresivo deterioro, tanto de su Patrimonio Histórico como del Natural, Etnográfico, Cultural y Paleontológico que nada tiene que ver con el Desarrollo Sostenible. Es por eso, reuniéndose todos los elementos necesarios (incluido el legal) para la constitución de un PARQUE CULTURAL, se solicita se realicen cuantas gestiones sean necesarias para conseguir la meta propuesta, entre las que es fundamental, la aprobación por el PARLAMENTO DE ANDALUCIA de la presente propuesta.
En Alcalá de Guadaíra, a 25 de junio de 2007
Francisco Gavira Albarrán
Presidente de la Asociación “Sociedad Ecologista Alwadi-ira” (Ecologistas en Acción) Apdo. de Correos 226. Alcalá de Guadaíra. Sevilla. E-mail: alwadi.ira@gmail.com
En el día de hoy 25 de junio de 2007 la Sociedad Ecologista Alwadi-ira – Ecologistas en Acción ha presentado un escrito a los distintos grupos políticos en el Parlamento Andaluz solicitando que sea declarado Gandul y Los Alcores como “PARQUE CULTURAL”
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, el pasado 2 de mayo, el proyecto de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que sustituirá a la normativa vigente desde 1991. El proyecto integra en un único catálogo general tanto las dos figuras de protección estatales (Bienes de Interés Cultural y Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español) como las dos autonómicas (Bienes de Catalogación Genérica y Bienes de Catalogación Específica). Estas últimas se unifican en una sola categoría, denominada de Catalogación General. Junto a las figuras tradicionales de clasificación se instituye también la nueva categoría de Zona Patrimonial, a través de la cual se protegerán aquellos lugares que reúnan, en conexión con sus valores paisajísticos y ambientales, bienes de distinta naturaleza y cronología. Estas zonas podrán ser gestionadas por un órgano específico, denominado Parque Cultural, con la participación de administraciones y agentes sociales y económicos implicados.
Una de las zonas más ricas de la Provincia y que reúne las características para que se constituya un Parque Cultural son los Alcores.
En los últimos años estamos asistiendo a una rápida transformación de nuestra Sociedad y del Medio en el que nos ha tocado vivir. Estamos inmersos en un proceso de “Desarrollo” y “Crecimiento” tan vertiginoso que nos hacen pensar si éste es el deseado “Desarrollo Sostenible” que tantas veces hemos oído de boca de políticos y Administraciones y si este fenómeno es posible mantenerlo sin que se rompa el delicado equilibrio que nuestra “Sociedad del Bienestar” mantiene con la Naturaleza.
La comarca que hoy conocemos como “Los Alcores” no es ajena a este proceso de transformación que se constata entre otros aspectos en: un fuerte crecimiento de la población, desenfrenado desarrollo urbanístico, proliferación de actividades que atentan gravemente al medio ambiente como la extracción de áridos, campos de golf, roturaciones y pastoreo abusivos, sobreexplotación y contaminación del acuífero, desaparición del dominio público y cambio de uso, rápido deterioro de nuestro Patrimonio: Histórico, Natural, Cultural, Etnográfico, y lo que es peor, este proceso parece no tener a corto plazo visos de desaparecer.
Esta situación está llevando a Los Alcores a un progresivo deterioro, tanto de su Patrimonio Histórico como del Natural, Etnográfico, Cultural y Paleontológico que nada tiene que ver con el Desarrollo Sostenible. Es por eso, reuniéndose todos los elementos necesarios (incluido el legal) para la constitución de un PARQUE CULTURAL, se solicita se realicen cuantas gestiones sean necesarias para conseguir la meta propuesta, entre las que es fundamental, la aprobación por el PARLAMENTO DE ANDALUCIA de la presente propuesta.
En Alcalá de Guadaíra, a 25 de junio de 2007
Francisco Gavira Albarrán
Presidente de la Asociación “Sociedad Ecologista Alwadi-ira” (Ecologistas en Acción) Apdo. de Correos 226. Alcalá de Guadaíra. Sevilla. E-mail: alwadi.ira@gmail.com
El Derecho a la Comunicación AL DEBATE
CIC BATÁ organiza una mesa redonda el 28 de Junio, como antesala a la entrega del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria a Ignacio Ramonet.
Bajo el título “Derecho a la comunicación: ¿asignatura pendiente de la democracia?”, el Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá organiza una mesa redonda para abordar y reflexionar sobre la realidad de la comunicación y de los medios de masas hoy en día, así como el ejercicio de las libertades y la democracia participativa.
La actividad tendrá lugar el próximo 28 de Junio a las 20:30 horas en el salón de actos de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Esta actividad se enmarca en la segunda edición del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria. Se trata de la antesala a la entrega del galardón destinado al prestigioso periodista y teórico de la comunicación y de la información, Ignacio Ramonet, y que se celebrará, con la presencia del premiado, al día siguiente, el 29 de Junio, en el mismo lugar y hora.
El premio es una actividad enmarcada e inspirada en muchos de los valores de la ciudad de Córdoba, valores que en la diversidad cultural de su patrimonio representan sin duda un importante bagaje de comunicación. Es un proyecto que engarza con el proyecto de Córdoba Capital Cultural Europea 2016, un proyecto que camina con el mismo rumbo que pretende la Capitalidad Cultural Europea y que pretende poner a nuestra ciudad como un referente internacional en torno a la comunicación, a la cultura y al desarrollo de los pueblos. La Capitalidad Cultural Europea apuesta por el Premio Ciudad de Córdoba a la Capitalidad Cultural y el Premio apuesta por la Capitalidad Cultural para Córdoba en el 2016.
CIC BATÁ ha querido introducir una jornada paralela al Premio con el fin de ahondar en los valores del mismo y trasladarlo a los cordobeses. En definitiva, la convocatoria forma parte de una serie de actividades a nivel local, que buscan sensibilizar a la ciudadanía y crear procesos participativos en el ámbito de la educación para el desarrollo, proponiendo a Córdoba como una ciudad de referencia para la comunicación social y el derecho a la comunicación en el ámbito de la Unión Europea.
La mesa estará protagonizada por profesionales del ejercicio periodístico y comunicativo de diferentes facetas y esferas.
El periodista cordobés, Alberto Almansa, especializado en temas penitenciarios, y actualmente profesional de RTVA participará en la mesa redonda junto a sus colegas Belén Torres, directora del programa “Solidarios”, emitido en Canal Sur 2, Ana Fernández, secretaria de acción sindical del Sindicato de Periodistas en Córdoba. Fernández es coordinadora, junto a otros miembros del Sindicato de Periodistas de Andalucía, del premio Julio Anguita Parrado, trabaja en la Diputación de Córdoba y colabora en diferentes programas locales de la Cadena SER.
Por último, Miguel Romero, responsable de Comunicación y Sensibilización de la ONG ACSUR-Las Segovias, enriquecerá el debate con el que CIC BATÁ pretende llamar la atención a la ciudadanía cordobesa en torno al derecho de la comunicación, como fortalecimiento de la democracia. El coordinador de comunicación y educación para el desarrollo de CIC BATÁ, Carlos Guimaraes, será el encargado de moderar la mesa.
CIC BATÁ aprovechará el foro para presentar una publicación que recoge artículos de los miembros del jurado del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria.
Dichos textos desgranan los valores del galardón con el que se quiere resaltar la lucha y el compromiso por el derecho a la comunicación. Por ello, el objetivo general del Premio y todas las iniciativas que de él surgen radica en abrir un espacio para la reflexión sobre este principio fundamental, que favorece la democratización de la sociedad. Asimismo, la voluntad del premio es respaldar el desarrollo de los medios de comunicación social descentralizados y diversificados porque ensancha el campo de participación real y directa de la ciudadanía.
La celebración del premio se incluye en la filosofía de CIC-BATÁ, como organización social en el sector de la participación ciudadana y los procesos de educación para la paz y el desarrollo. La entidad defiende el respeto por el pluralismo, la diversidad cultural, de idiomas y de género, como un factor fundamental en nuestras sociedades democráticas y que deberían reflejarse a través de todos los medios de comunicación.
Bajo el título “Derecho a la comunicación: ¿asignatura pendiente de la democracia?”, el Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá organiza una mesa redonda para abordar y reflexionar sobre la realidad de la comunicación y de los medios de masas hoy en día, así como el ejercicio de las libertades y la democracia participativa.
La actividad tendrá lugar el próximo 28 de Junio a las 20:30 horas en el salón de actos de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Esta actividad se enmarca en la segunda edición del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria. Se trata de la antesala a la entrega del galardón destinado al prestigioso periodista y teórico de la comunicación y de la información, Ignacio Ramonet, y que se celebrará, con la presencia del premiado, al día siguiente, el 29 de Junio, en el mismo lugar y hora.
El premio es una actividad enmarcada e inspirada en muchos de los valores de la ciudad de Córdoba, valores que en la diversidad cultural de su patrimonio representan sin duda un importante bagaje de comunicación. Es un proyecto que engarza con el proyecto de Córdoba Capital Cultural Europea 2016, un proyecto que camina con el mismo rumbo que pretende la Capitalidad Cultural Europea y que pretende poner a nuestra ciudad como un referente internacional en torno a la comunicación, a la cultura y al desarrollo de los pueblos. La Capitalidad Cultural Europea apuesta por el Premio Ciudad de Córdoba a la Capitalidad Cultural y el Premio apuesta por la Capitalidad Cultural para Córdoba en el 2016.
CIC BATÁ ha querido introducir una jornada paralela al Premio con el fin de ahondar en los valores del mismo y trasladarlo a los cordobeses. En definitiva, la convocatoria forma parte de una serie de actividades a nivel local, que buscan sensibilizar a la ciudadanía y crear procesos participativos en el ámbito de la educación para el desarrollo, proponiendo a Córdoba como una ciudad de referencia para la comunicación social y el derecho a la comunicación en el ámbito de la Unión Europea.
La mesa estará protagonizada por profesionales del ejercicio periodístico y comunicativo de diferentes facetas y esferas.
El periodista cordobés, Alberto Almansa, especializado en temas penitenciarios, y actualmente profesional de RTVA participará en la mesa redonda junto a sus colegas Belén Torres, directora del programa “Solidarios”, emitido en Canal Sur 2, Ana Fernández, secretaria de acción sindical del Sindicato de Periodistas en Córdoba. Fernández es coordinadora, junto a otros miembros del Sindicato de Periodistas de Andalucía, del premio Julio Anguita Parrado, trabaja en la Diputación de Córdoba y colabora en diferentes programas locales de la Cadena SER.
Por último, Miguel Romero, responsable de Comunicación y Sensibilización de la ONG ACSUR-Las Segovias, enriquecerá el debate con el que CIC BATÁ pretende llamar la atención a la ciudadanía cordobesa en torno al derecho de la comunicación, como fortalecimiento de la democracia. El coordinador de comunicación y educación para el desarrollo de CIC BATÁ, Carlos Guimaraes, será el encargado de moderar la mesa.
CIC BATÁ aprovechará el foro para presentar una publicación que recoge artículos de los miembros del jurado del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria.
Dichos textos desgranan los valores del galardón con el que se quiere resaltar la lucha y el compromiso por el derecho a la comunicación. Por ello, el objetivo general del Premio y todas las iniciativas que de él surgen radica en abrir un espacio para la reflexión sobre este principio fundamental, que favorece la democratización de la sociedad. Asimismo, la voluntad del premio es respaldar el desarrollo de los medios de comunicación social descentralizados y diversificados porque ensancha el campo de participación real y directa de la ciudadanía.
La celebración del premio se incluye en la filosofía de CIC-BATÁ, como organización social en el sector de la participación ciudadana y los procesos de educación para la paz y el desarrollo. La entidad defiende el respeto por el pluralismo, la diversidad cultural, de idiomas y de género, como un factor fundamental en nuestras sociedades democráticas y que deberían reflejarse a través de todos los medios de comunicación.
lunes, junio 11, 2007
Presentación en Andalucía del Informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura
La Federación Andaluza de Drogodependencia y Sida “ENLACE”, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, han presentado esta mañana el nuevo Informe sobre Tortura en el Estado español, correspondiente al año 2006, elaborado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), entidad de la que forman parte.
Un mínimo de 610 personas denunciaron haber sufrido torturas y/o malos tratos en el año 2006, en al menos 266 situaciones ocurridas durante ese año.
Las entidades consideran que estos datos son “la punta del iceberg de muchos otros casos de malos tratos y tortura que no nos llegan o ni siquiera se denuncian”. Un total de 901 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad han recibido denuncias por torturas y/o malos tratos a lo largo del año 2006.
El Cuerpo Nacional de Policía aglutina el mayor número de denuncias (30’6%), seguido de la Policía Local (27’4%), la Policía Autonómica (16’4%), los funcionarios de prisiones y la Guardia Civil (cada uno con el 12’7% del total de personas denunciadas).
Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, hasta el momento, se han recopilado 63 casos de personas que han perdido la vida en estas circunstancias, la mayor parte, producida en las prisiones.
En Andalucía durante el año 2006, se han recopilado 55 casos con 139 denunciantes. De las 139 personas que denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas, 71 indicaron haberlas sufrida por Policía Nacional, 50 por Policías Local, 14 por Funcionarios de Prisiones, 3 por Guardias Civiles y 1 por Policía Autonómica. Andalucía es la segunda comunidad en número de denuncias (22,6 % del total del Estado español).
Entre las 10 provincias españolas con mayor número de denuncias se sitúan tres andaluzas:
Sevilla con 59 denunciantes
Málaga con 35
Cádiz con 23.
En nuestra Comunidad Autónoma fueron condenados ese mismo año al menos 14 funcionarios públicos, siendo la Policía Local la que obtuvo mayor número de condenas.Se eleva a 4.196 el número de denuncias presentadas en el Estado español en lo que llevamos de siglo XXI. Es decir, estaríamos hablando de casi 700 personas por año (casi dos al día). Según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, estas cifras indican “la existencia de situaciones de tortura y malos tratos de forma diaria, por no decir cotidiana”, lo que nos lleva a concluir “la persistencia de las torturas y los malos tratos en el Estado español”.
En la rueda de prensa también se recordó que antes del 22 de junio de 2007 el Estado español deberá crear un “mecanismo nacional de prevención” para visitar sin previo aviso prisiones, centros de menores, Dependencias de la Policía Autonómica, Nacional, Local y la Guardia Civil, centros de internamiento de inmigrantes, etc. y mantener entrevistas sin testigos con cualquier persona que esté en ellos. Así lo establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas, en vigor desde junio de 2006 y ratificado por España en abril de ese año.
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura defiende que “el mecanismo debe ser integrado por personas que cuenten con capacidad y conocimientos profesionales reconocidos y demostrados y un compromiso firme en materia de derechos humanos” y que el proceso de elección de las mismas debe cumplir todas las garantías necesarias para asegurar la representación de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.
Por eso, cuando falta muy poco tiempo para que se cierre el plazo previsto en el Protocolo, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura muestra su preocupación por la intención del Gobierno español de diseñar el mecanismo nacional en torno a la oficina del Defensor del Pueblo Español, porque “el valor del nuevo mecanismo estaría devaluado si se atribuyen sus competencias a una institución ya existente y que no ha sido capaz de reducir los excesos de los funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones”.
Las entidades también señalaron en esta rueda de prensa que “hace un año que el Estado español ratificó el Protocolo Facultativo de la ONU para la prevención de la tortura, y este primer aniversario se celebra recibiendo una nueva reprimenda por sus políticas al respecto, en esta ocasión, mediante el último informe del Relator Especial para el tema de la tortura de la ONU, Manfred Nowak”.
En este Informe, Nowak ha reiterado las preocupaciones y recomendaciones de su predecesor en el cargo en lo referente al mantenimiento del régimen de detención incomunicada, la prolongada dilación en la investigación judicial de las denuncias por tortura y la falta de depuración de responsabilidades por parte de la administración a este respecto”. Asimismo, el Relator de la ONU lamenta explícitamente la negativa a registrar audiovisualmente los interrogatorios policiales.
LA ASAMBLEA POR EL LIBRE USO DEL ESPACIO PÚBLICO INFORMA:
Como much@s sabréis, durante los primeros meses de la aplicación de la infame ley “antireunión”, se produjeron concentraciones pacíficas y silenciosas como reivindicación del Espacio Público como lugar de reunión, las cuáles fueron disueltas con violencia por parte de la policía local y nacional, produciéndose múltiples agresiones físicas y psicológicas, además de detenciones ilegales. Nuestro compañero Salva fue uno de ellos, habiendo sido retenido toda la noche en los calabozos por intentar defender unos derechos que son de tod@s, y ahora se debe enfrentar a un juicio en un ejemplo más de hipocresía “democrática”. El juicio se celebrará el próximo miércoles 13 a las 10.40h. en los Juzgados de El Prado.
Por ello convocamos una concentración en la puerta de los Juzgados el mismo miércoles 13 a las 11.00h, donde realizaremos un acto de protesta ante éste y otros muchos atropellos que venimos sufriendo últimamente y que están quedando impunes. Es Salva el que se enfrenta al juicio, pero somos tod@s l@s afectad@s, pues nuestro compañero fue golpeado y detenido defendiendo algo que nos atañe a cada un@ de nosotr@s. Por ello ahora es el momento de cerrar filas y reaccionar al unísono ante la sucesión de ataques a nuestros derechos y libertades que se vienen produciendo.
Puerta de los Juzgados – miércoles 13 – 11.00h
¡¡¡ACUDE!!! ¡¡¡SALVA SOMOS TOD@S!!!
Un mínimo de 610 personas denunciaron haber sufrido torturas y/o malos tratos en el año 2006, en al menos 266 situaciones ocurridas durante ese año.
Las entidades consideran que estos datos son “la punta del iceberg de muchos otros casos de malos tratos y tortura que no nos llegan o ni siquiera se denuncian”. Un total de 901 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad han recibido denuncias por torturas y/o malos tratos a lo largo del año 2006.
El Cuerpo Nacional de Policía aglutina el mayor número de denuncias (30’6%), seguido de la Policía Local (27’4%), la Policía Autonómica (16’4%), los funcionarios de prisiones y la Guardia Civil (cada uno con el 12’7% del total de personas denunciadas).
Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, hasta el momento, se han recopilado 63 casos de personas que han perdido la vida en estas circunstancias, la mayor parte, producida en las prisiones.
En Andalucía durante el año 2006, se han recopilado 55 casos con 139 denunciantes. De las 139 personas que denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas, 71 indicaron haberlas sufrida por Policía Nacional, 50 por Policías Local, 14 por Funcionarios de Prisiones, 3 por Guardias Civiles y 1 por Policía Autonómica. Andalucía es la segunda comunidad en número de denuncias (22,6 % del total del Estado español).
Entre las 10 provincias españolas con mayor número de denuncias se sitúan tres andaluzas:
Sevilla con 59 denunciantes
Málaga con 35
Cádiz con 23.
En nuestra Comunidad Autónoma fueron condenados ese mismo año al menos 14 funcionarios públicos, siendo la Policía Local la que obtuvo mayor número de condenas.Se eleva a 4.196 el número de denuncias presentadas en el Estado español en lo que llevamos de siglo XXI. Es decir, estaríamos hablando de casi 700 personas por año (casi dos al día). Según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, estas cifras indican “la existencia de situaciones de tortura y malos tratos de forma diaria, por no decir cotidiana”, lo que nos lleva a concluir “la persistencia de las torturas y los malos tratos en el Estado español”.
En la rueda de prensa también se recordó que antes del 22 de junio de 2007 el Estado español deberá crear un “mecanismo nacional de prevención” para visitar sin previo aviso prisiones, centros de menores, Dependencias de la Policía Autonómica, Nacional, Local y la Guardia Civil, centros de internamiento de inmigrantes, etc. y mantener entrevistas sin testigos con cualquier persona que esté en ellos. Así lo establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas, en vigor desde junio de 2006 y ratificado por España en abril de ese año.
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura defiende que “el mecanismo debe ser integrado por personas que cuenten con capacidad y conocimientos profesionales reconocidos y demostrados y un compromiso firme en materia de derechos humanos” y que el proceso de elección de las mismas debe cumplir todas las garantías necesarias para asegurar la representación de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.
Por eso, cuando falta muy poco tiempo para que se cierre el plazo previsto en el Protocolo, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura muestra su preocupación por la intención del Gobierno español de diseñar el mecanismo nacional en torno a la oficina del Defensor del Pueblo Español, porque “el valor del nuevo mecanismo estaría devaluado si se atribuyen sus competencias a una institución ya existente y que no ha sido capaz de reducir los excesos de los funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones”.
Las entidades también señalaron en esta rueda de prensa que “hace un año que el Estado español ratificó el Protocolo Facultativo de la ONU para la prevención de la tortura, y este primer aniversario se celebra recibiendo una nueva reprimenda por sus políticas al respecto, en esta ocasión, mediante el último informe del Relator Especial para el tema de la tortura de la ONU, Manfred Nowak”.
En este Informe, Nowak ha reiterado las preocupaciones y recomendaciones de su predecesor en el cargo en lo referente al mantenimiento del régimen de detención incomunicada, la prolongada dilación en la investigación judicial de las denuncias por tortura y la falta de depuración de responsabilidades por parte de la administración a este respecto”. Asimismo, el Relator de la ONU lamenta explícitamente la negativa a registrar audiovisualmente los interrogatorios policiales.
LA ASAMBLEA POR EL LIBRE USO DEL ESPACIO PÚBLICO INFORMA:
Como much@s sabréis, durante los primeros meses de la aplicación de la infame ley “antireunión”, se produjeron concentraciones pacíficas y silenciosas como reivindicación del Espacio Público como lugar de reunión, las cuáles fueron disueltas con violencia por parte de la policía local y nacional, produciéndose múltiples agresiones físicas y psicológicas, además de detenciones ilegales. Nuestro compañero Salva fue uno de ellos, habiendo sido retenido toda la noche en los calabozos por intentar defender unos derechos que son de tod@s, y ahora se debe enfrentar a un juicio en un ejemplo más de hipocresía “democrática”. El juicio se celebrará el próximo miércoles 13 a las 10.40h. en los Juzgados de El Prado.
Por ello convocamos una concentración en la puerta de los Juzgados el mismo miércoles 13 a las 11.00h, donde realizaremos un acto de protesta ante éste y otros muchos atropellos que venimos sufriendo últimamente y que están quedando impunes. Es Salva el que se enfrenta al juicio, pero somos tod@s l@s afectad@s, pues nuestro compañero fue golpeado y detenido defendiendo algo que nos atañe a cada un@ de nosotr@s. Por ello ahora es el momento de cerrar filas y reaccionar al unísono ante la sucesión de ataques a nuestros derechos y libertades que se vienen produciendo.
Puerta de los Juzgados – miércoles 13 – 11.00h
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