SÍ, ES INDECENTE
Ha dicho la Presidenta de la Comunidad de Madrid que es indecente que mientras la inflación es -1%, los funcionarios además de tener plaza fija, tengan una subida salarial del 5% (gran mentira por cierto). Objetivo: congelarles el sueldo.
Me gustaría transmitirle a esta Sra. lo que considero indecente:
INDECENTE, es que:el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996 pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a 6.500 €/mes.
INDECENTE, es que un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.
INDECENTE es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).
INDECENTE es comparar la jubilación de un diputado con la de una viuda.
INDECENTE es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con siete y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesiten jurar el cargo.
INDECENTE es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.
INDECENTE es colocar en la administración a miles de asesores (léase amigotes con sueldo) que ya desearían los técnicos más cualificados.
INDECENTE es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.
INDECENTE es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (y no digamos intelectual o cultural).
INDECENTE es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.
INDECENTE es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.
INDECENTE es que sus señorías cuando cesan en el cargo tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses.
INDECENTE es que ex ministros, ex secretarios de estado y altos cargos de la política cuando cesan son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público.
INDECENTE es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios sólo representan un coste para el bolsillo de los ciudadanos.
INDECENTE es que nos oculten sus privilegios mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven. ¿ Y mientras, hablan de política social y derechos sociales?
¡¡QUÉ INDECENTE!!
José Miguel Gómez Villanueva / María Angeles Buenaposada Cano
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jueves, julio 30, 2009
martes, julio 28, 2009
¿Qué pasa con Perú?
Comunicado de organizaciones sociales en relación con los acontecimientos en Perú
28 de julio de 2009
Las entidades abajo firmantes queremos expresar nuestra denuncia de la situación de desconocimiento y violación de los derechos de los pueblos indígenas que se sigue produciendo en Perú.
Tras los graves acontecimientos sucedidos en la ciudad de Bagua el pasado 5 de junio, ampliamente denunciados por la comunidad internacional, entendemos que el Gobierno del Perú no ha impulsado medidas suficientes para el esclarecimiento imparcial de los hechos, el resarcimiento a las víctimas y el establecimiento de un diálogo genuino, transparente y sincero.
Más aun, vemos con especial preocupación el incremento de la persecución política, mediática y judicial de dirigentes y pobladores indígenas y de personas e instituciones que les dan apoyo. Remarcamos que la persecución se está centrando precisamente en los dirigentes indígenas que deben ser los interlocutores de ese diálogo.Ante las nuevas peticiones de asilo político de otros dos dirigentes de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que vienen a sumarse a la situación de su Presidente -asilado político en Nicaragua-, así como las órdenes de detención y procesamiento judicial que el Gobierno ha activado mediante denuncias del ministerio fiscal, denunciamos el hostigamiento y la persecución de los indígenas ante el legítimo reclamo de ejercer sus derechos individuales y colectivos.
Todo esto supone el irrespeto más absoluto de las bases para el diálogo político y demuestra que el Gobierno no tiene una verdadera intención de establecer un cauce legítimo para la resolución de los problemas.
En relación con los sucesos de Bagua recordamos que, tanto el Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas como la misión de la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), han recomendado la urgente necesidad de una investigación de los hechos por parte de una comisión. El objetivo del informe elaborado por la Defensoría del Pueblo era la realización de un seguimiento de la situación humanitaria en la zona y no puede considerarse, como la propia Defensoría ha subrayado, una investigación de lo ocurrido.
Urgimos al gobierno de Perú a cumplir las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y conformar de inmediato la comisión, con una composición que garantice la completa objetividad e imparcialidad en el esclarecimiento de los hechos. Recomendamos que se incluya en la comisión a representantes de organismos internacionales de derechos humanos con experiencia relevante y representantes de los pueblos indígenas.Subrayamos que sin que tal investigación haya concluido, no pueden establecerse conclusiones sobre lo sucedido en Bagua, por lo que denunciamos la presentación de versiones sesgadas y juicios paralelos que tanto el gobierno como medios de comunicación del Perú están realizando.
Recordamos la existencia de numerosos detenidos en relación con los hechos que difícilmente pueden tener un juicio justo y con garantías sin que se haya realizado una investigación imparcial y creíble. Recordamos que las causas últimas del conflicto en Perú, se encuentran en la defensa de los derechos sobre el territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas, reconocidos en el derecho internacional, frente a las políticas del ejecutivo peruano para la entrega a las multinacionales extractivas de dichos territorios.
La Defensoría del Pueblo del Perú ha subrayado la existencia de un factor estructural que desaconseja el inicio de actividades extractivas en territorios indígenas debido a la falta de controles para vigilar y prevenir la contaminación ambiental.
Hasta el propio Banco Mundial ha llegado a afirmar que “la voluntad política aún sigue siendo muy débil para atender la problemática ambiental minera y resolver la contradicción que se percibe entre promover y regular la actividad minera”, mandatos compartidos por el Ministerio de Energía y Minas.
Por último subrayamos la necesidad de que toda la comunidad internacional inste al Estado peruano a aplicar las diferentes recomendaciones y observaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas emitidas por diversos organismos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, en especial las de la Organización Internacional del Trabajo en relación con la aplicación del Convenio 169, las planteadas por el Relator Especial en su visita y las comunicaciones enviadas por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
Consideramos que, hasta el momento, todas estas recomendaciones han sido desoídas.
Organizaciones firmantes:
ACSUD – Las Segovias del País Valencià Almáciga Grupo de Trabajo Intercultural alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas Mugarik Gabe
Adhesiones:
Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura
ACSUR Las Segovias, Estado español
Alter Nativas
AMA - Asociacion Indigena del Perú
Amics de Palanques
Área de Estudios en Educación Aborigen, Universidad Nacional de Luján, Argentina
Asian Indigenous Women's Network
Asociación ARTEGALIA
Asociación Nuevos Colectivos de Catalunya
Asociación Winay, Peru
Asociación de Codesarrollo Wiñay, Barcelona
Associació Catalana d' Enginyeria Sense Fronteres
Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya
BUNDjugend Baden-Württemberg, Alemania
Campaña de Afectados por RepsolYPF
CIC – Batá
CIEMEN
CEDSALA -Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica, País Valencià
Centro de Estudios Amazónicos
Col·lectiu Auntònom de Treballadors y Treballadores, País Valencià
Col·lectiu Maloka
Col·lectiu zapatista "El Caragol", València
Comitè de Solidaritat amb els Pobles d'Amèrica, Menorca
Comité Regional de Vigilancia en Salud Junin
Comunidad Nativa Mariscal Caceres
Consell local de la Joventut d'Ontinyent
DESOS Opció Solidària
Entrepueblos/Entrepobles/ Entrepobos/ Herriarte
Ecologistes en Acció, València
Emisora cultural
ARTEGALIA RADIO
Espacio colectivo Alfar, Argentina
Esquerra Unida del País Valencià Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans
Forosalud Junin
Fundación Alianza
Fundació PROIDE
Fundación Tebtebba, Filipinas
InteRed Catalunya
Intersindical Valenciana
IPES Elkartea, Navarra
La Lliga dels Drets dels Pobles
La maldición de Malinche de Ràdio Klara
Mejora - Economía Solidaria
Marxa Mundial de Dones de Catalunya
Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad
ONGD Túpay, País Valencià
Plataforma Q'atary Perú Portal Amazonia Mágica
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana de AIDESEP
Red Ambiental Loretana, Peru
Revolta Global-Esquerra Anticapitalista
Sodepau del País Valencià
SOLIVE
València Solidària - Pau Ara
Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització
28 de julio de 2009
Las entidades abajo firmantes queremos expresar nuestra denuncia de la situación de desconocimiento y violación de los derechos de los pueblos indígenas que se sigue produciendo en Perú.
Tras los graves acontecimientos sucedidos en la ciudad de Bagua el pasado 5 de junio, ampliamente denunciados por la comunidad internacional, entendemos que el Gobierno del Perú no ha impulsado medidas suficientes para el esclarecimiento imparcial de los hechos, el resarcimiento a las víctimas y el establecimiento de un diálogo genuino, transparente y sincero.
Más aun, vemos con especial preocupación el incremento de la persecución política, mediática y judicial de dirigentes y pobladores indígenas y de personas e instituciones que les dan apoyo. Remarcamos que la persecución se está centrando precisamente en los dirigentes indígenas que deben ser los interlocutores de ese diálogo.Ante las nuevas peticiones de asilo político de otros dos dirigentes de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que vienen a sumarse a la situación de su Presidente -asilado político en Nicaragua-, así como las órdenes de detención y procesamiento judicial que el Gobierno ha activado mediante denuncias del ministerio fiscal, denunciamos el hostigamiento y la persecución de los indígenas ante el legítimo reclamo de ejercer sus derechos individuales y colectivos.
Todo esto supone el irrespeto más absoluto de las bases para el diálogo político y demuestra que el Gobierno no tiene una verdadera intención de establecer un cauce legítimo para la resolución de los problemas.
En relación con los sucesos de Bagua recordamos que, tanto el Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas como la misión de la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), han recomendado la urgente necesidad de una investigación de los hechos por parte de una comisión. El objetivo del informe elaborado por la Defensoría del Pueblo era la realización de un seguimiento de la situación humanitaria en la zona y no puede considerarse, como la propia Defensoría ha subrayado, una investigación de lo ocurrido.
Urgimos al gobierno de Perú a cumplir las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y conformar de inmediato la comisión, con una composición que garantice la completa objetividad e imparcialidad en el esclarecimiento de los hechos. Recomendamos que se incluya en la comisión a representantes de organismos internacionales de derechos humanos con experiencia relevante y representantes de los pueblos indígenas.Subrayamos que sin que tal investigación haya concluido, no pueden establecerse conclusiones sobre lo sucedido en Bagua, por lo que denunciamos la presentación de versiones sesgadas y juicios paralelos que tanto el gobierno como medios de comunicación del Perú están realizando.
Recordamos la existencia de numerosos detenidos en relación con los hechos que difícilmente pueden tener un juicio justo y con garantías sin que se haya realizado una investigación imparcial y creíble. Recordamos que las causas últimas del conflicto en Perú, se encuentran en la defensa de los derechos sobre el territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas, reconocidos en el derecho internacional, frente a las políticas del ejecutivo peruano para la entrega a las multinacionales extractivas de dichos territorios.
La Defensoría del Pueblo del Perú ha subrayado la existencia de un factor estructural que desaconseja el inicio de actividades extractivas en territorios indígenas debido a la falta de controles para vigilar y prevenir la contaminación ambiental.
Hasta el propio Banco Mundial ha llegado a afirmar que “la voluntad política aún sigue siendo muy débil para atender la problemática ambiental minera y resolver la contradicción que se percibe entre promover y regular la actividad minera”, mandatos compartidos por el Ministerio de Energía y Minas.
Por último subrayamos la necesidad de que toda la comunidad internacional inste al Estado peruano a aplicar las diferentes recomendaciones y observaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas emitidas por diversos organismos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, en especial las de la Organización Internacional del Trabajo en relación con la aplicación del Convenio 169, las planteadas por el Relator Especial en su visita y las comunicaciones enviadas por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
Consideramos que, hasta el momento, todas estas recomendaciones han sido desoídas.
Organizaciones firmantes:
ACSUD – Las Segovias del País Valencià Almáciga Grupo de Trabajo Intercultural alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas Mugarik Gabe
Adhesiones:
Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura
ACSUR Las Segovias, Estado español
Alter Nativas
AMA - Asociacion Indigena del Perú
Amics de Palanques
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Asian Indigenous Women's Network
Asociación ARTEGALIA
Asociación Nuevos Colectivos de Catalunya
Asociación Winay, Peru
Asociación de Codesarrollo Wiñay, Barcelona
Associació Catalana d' Enginyeria Sense Fronteres
Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya
BUNDjugend Baden-Württemberg, Alemania
Campaña de Afectados por RepsolYPF
CIC – Batá
CIEMEN
CEDSALA -Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica, País Valencià
Centro de Estudios Amazónicos
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Col·lectiu Maloka
Col·lectiu zapatista "El Caragol", València
Comitè de Solidaritat amb els Pobles d'Amèrica, Menorca
Comité Regional de Vigilancia en Salud Junin
Comunidad Nativa Mariscal Caceres
Consell local de la Joventut d'Ontinyent
DESOS Opció Solidària
Entrepueblos/Entrepobles/ Entrepobos/ Herriarte
Ecologistes en Acció, València
Emisora cultural
ARTEGALIA RADIO
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Esquerra Unida del País Valencià Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans
Forosalud Junin
Fundación Alianza
Fundació PROIDE
Fundación Tebtebba, Filipinas
InteRed Catalunya
Intersindical Valenciana
IPES Elkartea, Navarra
La Lliga dels Drets dels Pobles
La maldición de Malinche de Ràdio Klara
Mejora - Economía Solidaria
Marxa Mundial de Dones de Catalunya
Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad
ONGD Túpay, País Valencià
Plataforma Q'atary Perú Portal Amazonia Mágica
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana de AIDESEP
Red Ambiental Loretana, Peru
Revolta Global-Esquerra Anticapitalista
Sodepau del País Valencià
SOLIVE
València Solidària - Pau Ara
Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització
viernes, junio 26, 2009
Día de luto para la justicia internacional
COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO AMNISTÍA INTERNACIONAL Y OTRAS 7 ORGANIZACIONES
25 de junio de 2009
25 de junio de 2009
Madrid.-
Sin que haya mediado un debate transparente y público sobre la reforma de la legislación que regula el ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales españoles, el Congreso de los Diputados hadado un paso más para acelerar un proyecto de ley con graves consecuencias para la lucha contra la impunidad.
En el día de hoy se ha dado un claro mensaje de que España se preocupamás por no ofender a algunos Gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales.
La inmensa contribución efectuada por la justicia española durante más de una década al hacer comparecer ante sus tribunales a las personas sospechosas de haber cometido, u ordenado cometer crímenes de derecho internacional se verá severamente recortada, si el proyecto de ley prospera.
La precipitación para dar trámite a la reforma revela un profundo desinterés por contribuir a poner cerco a quienes desprecian la dignidad humana. Con el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, la esperanza de las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura o desapariciones forzadas, enfrentará enormes dificultades y sus responsables tendrán menos motivos de preocupación.
Así, para que los jueces puedan conocer de tales casos y de aquellos otros igualmente cometidos fuera de España constitutivos de terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces, y el tráfico ilegal oinmigración clandestina de personas, deberán acreditarse condiciones que pueden afectar seriamente la persecución de tales crímenes y la posibilidad de hacer comparecer ante la justicia a sus autores.
Además, el texto propuesto, a pesar de que nombra a los tratados internacionales, no ofrece garantías de que éstos prevalecerán, lo que supondría vulnerar la Constitución Española.
Cuando lo que más sobra en el mundo es la impunidad, no se explica la urgencia de minar uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la impunidad, mediante reformas que sólo favorecen a losperpetradores de los crímenes más atroces contra los seres humanos.
Adhesiones:
· AMNISTIA INTERNACIONAL
· HUMAN RIGHTS WATCH
· ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA (APDHE)
· FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
· CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CS CCOO)
· UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)
· ASOCIACIÓN PAZ AHORA
· ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOSDERECHOS HUMANOS (AEDIDH)
Para concertar entrevistas con portavoces de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, contactar con:
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional Ángel Gonzalo o Carmen López Telf., 91 310 12 77 ó 630 746 802
Documentos y comunicados de prensa
viernes, junio 12, 2009
El pueblo indígena peruano
NOTA DE PRENSA
11 de junio de 2009
Ecologistas en Acción se suma a las convocatorias de solidaridad con los pueblos indígenas peruanos y pide el cese de las actividades petroleras Ecologistas en Acción de se suma a las distintas convocatorias de denuncia de la masacre de Bagua (Perú) y en solidaridad con las organizaciones indígenas peruanas.
Asimismo exige responsabilidades al Estado peruano y el cese de actividades de las empresas transnacionales petroleras en la zona amazónica, entre ellas, Repsol-Ypf.
El pasado viernes 5 de junio en Bagua, norte de Perú, las fuerzas del orden del gobierno de Alan García dispararon contra los manifestantes nativos que bloqueaban la ruta transamazónica y habían retenido como rehenes a varios policías, provocando al menos 30 muertos, 140 heridos y un número indeterminado de detenciones.
En nueve municipios selváticos lleva decretado el estado de emergencia desde el 9 de mayo, quedando suspendidos los derechos constitucionales de libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y las libertades de reunión y tránsito, y pudiendo las fuerzas de seguridad detener ciudadanos discrecionalmente, allanar viviendas o locales e impedir la circulación y las concentraciones.
Estos enfrentamientos son resultado de un conflicto entre indígenas de la selva y el gobierno a causa de la explotación de las riquezas petroleras. Inmensas reservas han sido descubiertas en la región lo que tiene dramáticas consecuencias para las comunidades originarias que obtienen sus recursos del bosque y agua.
La Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a más de 60 etnias y unas 1.500 comunidades de la Amazonía, inició el pasado mes de abril movilizaciones con la toma de instalaciones petroleras, corte de rutas terrestres y fluviales y anuncios de cortes del oleoducto norperuano y el gaseoducto del sur.
levantamiento indígena exige la derogación de 11 decretos legislativos varios de ellos aprobados como parte de un paquete legislativo de adecuación a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Según los indígenas afectan a los intereses nacionales y propician la depredación de su hábitat, al hacer viable la entrega de la Amazonía a intereses privados. La protesta exige además el cese o la severa regulación de actividades depredadoras mineras y petroleras.
Repsol ha invertido 2.200 millones de dólares en Perú, siendo este país el tercer receptor de inversiones de la compañía, en el que dispone del Bloque 39 con una extensión de 886.000 hectáreas. Hace unos meses Alan García festejó públicamente el descubrimiento de crudo en estas áreas. Ahora el proyecto espera la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para iniciar la fase de explotación petrolera. La intención de la empresa de penetrar esta región, limítrofe con las Zonas Intangibles preservadas por el Gobierno ecuatoriano para salvaguardar a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, amenaza directamente el futuro de los pueblos nativos no consultados. Otros grupos como los Aushiris o Abijires, los Pananajuris y Taushiros se ubican en la frontera, fluctuando entre Ecuador y los bloques peruanos 67 y 39.
La mortalidad de las poblaciones aisladas durante el contacto supera el 50% en los primeros años, por lo que las intenciones de ingresar en estos territorios implican un homicidio anunciado, tal y como denuncian diversas organizaciones. Otras compañías petroleras como la colombiana Ecopetrol y la francesa Perenco pretenden ingresar en otros bloques amenzando a distintos pueblos indígenas.Ecologistas en Acción pide, por todo ello, el cese inmediato de la actividad petrolera que atenta contra la soberanía y los derechos de los pueblos indígenas y la retirada de la empresa Repsol de la región amazónica. Repudia los hechos acontecidos en Bagua y exhorta al Gobierno de Perú a suspender de forma inmediata el estado de sitio y al cese de la violencia contra la población, así como a la puesta en marcha de una investigación independiente de los sucesos. Ecologistas en Acción se ha sumado al “manifiesto de Bagua” suscrito por diversas organizaciones y estará presente en las concentraciones convocadas el jueves 11 de junio en el Consulado de Perú en Barcelona y la Embajada de Perú en Madrid, que coinciden con otras movilizaciones en París, Milán, Turín, Roma y Bruselas entre otros lugares, así como con la jornada nacional de lucha y la marcha de apoyo a la lucha amazónica en Perú.
Para profundizar:
Para profundizar:
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique57 http://repsolmata.ourproject.org/http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article8092 http://www.quiendebeaquien.org/
Para más información:
Para más información:
Edith Pérez Alonso (Telf. 647 86 43 09)
Área de antiglobalización y paz de Ecologistas en Acción
Ecologistas en Accion c/ Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid
Teléfono fijo: +34 91 531 27 39Fax: +34 91 531 26 11
Correo electrónico: paz@ecologistasenaccion.orghttp://www.ecologistasenaccion.org/
viernes, marzo 20, 2009
El agua es un derecho, no una mercancía
22 DE MARZO: DIA MUNDIAL DEL AGUA
El agua es un derecho, no una mercancía
La Alianza Andaluza contra la Pobreza reivindica al gobierno español un compromiso claro para el reconocimiento del derecho humano al agua, de manera que se respete de forma efectiva en todo el planeta, y que apueste por una gestión pública, transparente y sostenible de los recursos hídricos que salvaguarde este derecho fundamental (Sevilla, 20 de marzo de 2009).
— La Alianza Andaluza contra la Pobreza, en sintonía con las demandas de numerosas entidades y plataformas de la sociedad civil que trabajan en el ámbito del acceso al agua y saneamiento, constituyendo una labor necesaria para la erradicación de la pobreza a nivel mundial, se suma a la celebración del Día Mundial del agua el próximo 22 de marzo de 2009. Con ello se pretende evidenciar la situación injusta e inadmisible respecto al acceso al agua en la que se encuentran millones de personas.
Actualmente se estima que 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso seguro al agua; es decir, carecen de cualquier tipo de infraestructura que les permita abastecerse de agua con cierta garantía para su salud.
Se estima también que en la actualidad 2.400 millones de personas en el mundo carecen de sistemas de saneamiento. Es decir, un 40% de la población mundial no dispone de sistemas para la eliminación de aguas sucias, ni siquiera de una letrina propia donde poder depositar sus excrementos con unas mínimas condiciones de intimidad y salubridad.
El porcentaje de población que no disfruta de este derecho resulta inadmisible y se debe invertir un gran esfuerzo por corregir esta situación. Se trata de un paso fundamental en la lucha contra la desigualdad y la injusticia, y necesario para conseguir el desarrollo y bienestar de las poblaciones afectadas por esta carencia.
Y no se trata de un problema de cantidad del recurso disponible, sino de su gestión. En términos generales, los recursos hídricos disponibles resultan aún suficientes para realizar una gestión sostenible que permita satisfacer las necesidades de la población en todo el mundo.
Por ello, hoy urge promover cambios estructurales en el modelo de acceso y gestión del agua, de manera que este acceso debe ser defendido como un derecho humano. Los usos del agua asociados a este derecho deben de priorizarse sobre cualquier otro, y en ningún caso podrá considerarse el agua como una mercancía o bien económico cuando se trate de garantizar este derecho.
Con este fin, se deben desarrollar políticas de cooperación que sirvan para promover la gestión pública, transparente y participativa, favoreciendo una gestión sostenible del recurso que permita garantizar el respeto al derecho humano al agua. En este sentido, cabe esperar que la reciente creación del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento dentro de la AECID, con su correspondiente dotación económica (1.500 millones de dólares para los próximos cuatro años), sirvan para corregir la situación actual, y no sirva por el contrario para financiar actividades y fomentar el enriquecimiento de organismos financieros, empresas o gobiernos que no hayan demostrado un compromiso y actitud real con el respeto al derecho humano al agua.
Por ello, desde la Alianza Andaluza contra la Pobreza reivindicamos el reconocimiento del Derecho Humano al Agua como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Asimismo reivindicamos un compromiso claro y efectivo de los gobiernos de los países del Norte, especialmente al gobierno español, para luchar por el reconocimiento de este derecho y que se respete de manera efectiva en todo el planeta, apostando por una gestión pública, transparente, y sostenible de los recursos hídricos que salvaguarde este derecho fundamental.
Más información
Maribel Roldán.
Alianza Andaluza contra la Pobreza.
Teléfonos: 954 915 249 / 625 119 102.
Correo electrónico: alianzaandaluzacontralapobreza@gmail.com
www.pobrezacero.org / www.rebelatecontralapobreza.org
http://alianzaandaluzacontralapobreza.blogspot.com/
El agua es un derecho, no una mercancía
La Alianza Andaluza contra la Pobreza reivindica al gobierno español un compromiso claro para el reconocimiento del derecho humano al agua, de manera que se respete de forma efectiva en todo el planeta, y que apueste por una gestión pública, transparente y sostenible de los recursos hídricos que salvaguarde este derecho fundamental (Sevilla, 20 de marzo de 2009).
— La Alianza Andaluza contra la Pobreza, en sintonía con las demandas de numerosas entidades y plataformas de la sociedad civil que trabajan en el ámbito del acceso al agua y saneamiento, constituyendo una labor necesaria para la erradicación de la pobreza a nivel mundial, se suma a la celebración del Día Mundial del agua el próximo 22 de marzo de 2009. Con ello se pretende evidenciar la situación injusta e inadmisible respecto al acceso al agua en la que se encuentran millones de personas.
Actualmente se estima que 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso seguro al agua; es decir, carecen de cualquier tipo de infraestructura que les permita abastecerse de agua con cierta garantía para su salud.
Se estima también que en la actualidad 2.400 millones de personas en el mundo carecen de sistemas de saneamiento. Es decir, un 40% de la población mundial no dispone de sistemas para la eliminación de aguas sucias, ni siquiera de una letrina propia donde poder depositar sus excrementos con unas mínimas condiciones de intimidad y salubridad.
El porcentaje de población que no disfruta de este derecho resulta inadmisible y se debe invertir un gran esfuerzo por corregir esta situación. Se trata de un paso fundamental en la lucha contra la desigualdad y la injusticia, y necesario para conseguir el desarrollo y bienestar de las poblaciones afectadas por esta carencia.
Y no se trata de un problema de cantidad del recurso disponible, sino de su gestión. En términos generales, los recursos hídricos disponibles resultan aún suficientes para realizar una gestión sostenible que permita satisfacer las necesidades de la población en todo el mundo.
Por ello, hoy urge promover cambios estructurales en el modelo de acceso y gestión del agua, de manera que este acceso debe ser defendido como un derecho humano. Los usos del agua asociados a este derecho deben de priorizarse sobre cualquier otro, y en ningún caso podrá considerarse el agua como una mercancía o bien económico cuando se trate de garantizar este derecho.
Con este fin, se deben desarrollar políticas de cooperación que sirvan para promover la gestión pública, transparente y participativa, favoreciendo una gestión sostenible del recurso que permita garantizar el respeto al derecho humano al agua. En este sentido, cabe esperar que la reciente creación del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento dentro de la AECID, con su correspondiente dotación económica (1.500 millones de dólares para los próximos cuatro años), sirvan para corregir la situación actual, y no sirva por el contrario para financiar actividades y fomentar el enriquecimiento de organismos financieros, empresas o gobiernos que no hayan demostrado un compromiso y actitud real con el respeto al derecho humano al agua.
Por ello, desde la Alianza Andaluza contra la Pobreza reivindicamos el reconocimiento del Derecho Humano al Agua como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Asimismo reivindicamos un compromiso claro y efectivo de los gobiernos de los países del Norte, especialmente al gobierno español, para luchar por el reconocimiento de este derecho y que se respete de manera efectiva en todo el planeta, apostando por una gestión pública, transparente, y sostenible de los recursos hídricos que salvaguarde este derecho fundamental.
Más información
Maribel Roldán.
Alianza Andaluza contra la Pobreza.
Teléfonos: 954 915 249 / 625 119 102.
Correo electrónico: alianzaandaluzacontralapobreza@gmail.com
www.pobrezacero.org / www.rebelatecontralapobreza.org
http://alianzaandaluzacontralapobreza.blogspot.com/
jueves, marzo 19, 2009
Tumba la torre
NOTA DE PRENSA
ALGUNAS PREGUNTAS QUE NOS HACEMOS SOBRE LA TORRE CAJASOL
Que le haremos llegar a los directivos de la caja…
Indirectamente: a través del Ministro de Economía y Hacienda, por ser quien está dando la masiva ayuda pública a las entidades financieras y para que sepa en qué pretende gastarse Cajasol buena parte de lo que reciba.
Y también directamente: el próximo 3 de abril, cuando esta caja celebrará su asamblea constituyente, donde se elegirá a los miembros del consejo de administración y la comisión de control que culminarán el proceso de fusión de la entidad.
Ante la ingente cantidad de cifras (euros y empleos) con la que quieren justificar la construcción de la Torre Cajasol, queremos plantear las siguientes consideraciones a la entidad que la promueve:
1) Sorprende el tono triunfalista de las declaraciones de Cajasol en un momento en el que la crisis económica aconseja acometer los proyectos con prudencia.
¿No es un despilfarro la inversión que se anuncia concentrada en una sola ciudad –por mucho que se declare que se beneficiará a muchas empresas andaluzas-? ¿Será la concentración de la inversión en el territorio parte de la política futura de Cajasol o sólo se realizará por esta vez?
2) ¿No generaría los mismos puestos de trabajo que se anuncian, o incluso más, un buen plan de apoyo a la creación de vivienda a precios asequibles para las clases modestas y medias en el ámbito de Andalucía en el que se asienta principalmente Cajasol?
3) O, en otras palabras, ¿es aceptable una inversión como la que se anuncia en un sector –oficinas- que no es deficitario, sino todo lo contrario en Sevilla, mientras se desatienden necesidades sociales mucho más perentorias?
4) ¿No es prioritario en una institución como Cajasol –sobre todo ante las indicaciones explícitas del propio presidente de la Junta de Andalucía- conceder préstamos a particulares y a empresas en tiempos como los de la actual crisis en vez de concentrar la inversión en un edificio de oficinas que poco o nada redundará en el tejido social de la ciudad y de la región salvo en la coyuntural generación de empleo en la construcción?
5) Puesto que Cajasol ha tenido que acudir a los avales del Estado, tal y como se hizo público en el pasado febrero, acción que no han hecho el conjunto de los bancos españoles ¿es adecuado realizar una inversión de dudosa viabilidad en una situación que demuestra ser como mínimo delicada? ¿Utilizan otras cajas las ventajas y beneficios de estos avales para operaciones tan ostentosas? ¿Se le admitiría a un banco privado, sin ninguna crítica por parte de la administración del Estado, una inversión como ésta avalada con fondos de todos los españoles?
6) ¿Debemos fiarnos de las buenas intenciones urbanísticas de una institución que dice construir “lo que le permite el PGOU”, cuando a través de Puerto Triana fue la artífice de un convenio urbanístico con demasiadas sombras y que es sobre el que se basa esta operación? ¿Podemos fiarnos cuando compró en su día los terrenos de Tablada, inundables y no urbanizables, con intención de “forzar” su urbanización, para terminar vendiéndolos pocos años después con un beneficio tan lucrativo como especulativo, hasta el punto de recibir la reprobación del Banco de España al menos en dos ocasiones por sus transacciones inmobiliarias?
7) Todos estos extremos, bien conocidos por los gobiernos municipal y autonómico, ¿no ha dado que pensar a los políticos –y no sólo a los responsables del patrimonio cultural-? ¿Se considera que todo lo anterior es normal en una sociedad que pretende avanzar hacia la modernización y hacia métodos de gobernanza más transparentes y democráticos?
8) ¿Nadie se percata de que mientras una entidad análoga y procedente de otra comunidad autónoma, La Caixa, propone como proyecto estrella la recuperación de un edificio histórico que ni la ciudad ni sus instituciones han sido capaces de poner en valor, Las Atarazanas, Cajasol pone en entredicho en los foros internacionales la imagen de la ciudad y la forma de gestionar su patrimonio por parte de sus autoridades? ¿No hay dudas sobre qué caja hace más por la imagen de Sevilla?
9) De manera que la Torre Cajasol, en definitiva, ¿a qué será un monumento?... Plataforma Ciudadana “Túmbala”, contra la Torre Cajasol
ciudadaniacontralatorrecajasol@gmail.com
http://ciudadaniacontralatorrepelli.blogspot.com
ALGUNAS PREGUNTAS QUE NOS HACEMOS SOBRE LA TORRE CAJASOL
Que le haremos llegar a los directivos de la caja…
Indirectamente: a través del Ministro de Economía y Hacienda, por ser quien está dando la masiva ayuda pública a las entidades financieras y para que sepa en qué pretende gastarse Cajasol buena parte de lo que reciba.
Y también directamente: el próximo 3 de abril, cuando esta caja celebrará su asamblea constituyente, donde se elegirá a los miembros del consejo de administración y la comisión de control que culminarán el proceso de fusión de la entidad.
Ante la ingente cantidad de cifras (euros y empleos) con la que quieren justificar la construcción de la Torre Cajasol, queremos plantear las siguientes consideraciones a la entidad que la promueve:
1) Sorprende el tono triunfalista de las declaraciones de Cajasol en un momento en el que la crisis económica aconseja acometer los proyectos con prudencia.
¿No es un despilfarro la inversión que se anuncia concentrada en una sola ciudad –por mucho que se declare que se beneficiará a muchas empresas andaluzas-? ¿Será la concentración de la inversión en el territorio parte de la política futura de Cajasol o sólo se realizará por esta vez?
2) ¿No generaría los mismos puestos de trabajo que se anuncian, o incluso más, un buen plan de apoyo a la creación de vivienda a precios asequibles para las clases modestas y medias en el ámbito de Andalucía en el que se asienta principalmente Cajasol?
3) O, en otras palabras, ¿es aceptable una inversión como la que se anuncia en un sector –oficinas- que no es deficitario, sino todo lo contrario en Sevilla, mientras se desatienden necesidades sociales mucho más perentorias?
4) ¿No es prioritario en una institución como Cajasol –sobre todo ante las indicaciones explícitas del propio presidente de la Junta de Andalucía- conceder préstamos a particulares y a empresas en tiempos como los de la actual crisis en vez de concentrar la inversión en un edificio de oficinas que poco o nada redundará en el tejido social de la ciudad y de la región salvo en la coyuntural generación de empleo en la construcción?
5) Puesto que Cajasol ha tenido que acudir a los avales del Estado, tal y como se hizo público en el pasado febrero, acción que no han hecho el conjunto de los bancos españoles ¿es adecuado realizar una inversión de dudosa viabilidad en una situación que demuestra ser como mínimo delicada? ¿Utilizan otras cajas las ventajas y beneficios de estos avales para operaciones tan ostentosas? ¿Se le admitiría a un banco privado, sin ninguna crítica por parte de la administración del Estado, una inversión como ésta avalada con fondos de todos los españoles?
6) ¿Debemos fiarnos de las buenas intenciones urbanísticas de una institución que dice construir “lo que le permite el PGOU”, cuando a través de Puerto Triana fue la artífice de un convenio urbanístico con demasiadas sombras y que es sobre el que se basa esta operación? ¿Podemos fiarnos cuando compró en su día los terrenos de Tablada, inundables y no urbanizables, con intención de “forzar” su urbanización, para terminar vendiéndolos pocos años después con un beneficio tan lucrativo como especulativo, hasta el punto de recibir la reprobación del Banco de España al menos en dos ocasiones por sus transacciones inmobiliarias?
7) Todos estos extremos, bien conocidos por los gobiernos municipal y autonómico, ¿no ha dado que pensar a los políticos –y no sólo a los responsables del patrimonio cultural-? ¿Se considera que todo lo anterior es normal en una sociedad que pretende avanzar hacia la modernización y hacia métodos de gobernanza más transparentes y democráticos?
8) ¿Nadie se percata de que mientras una entidad análoga y procedente de otra comunidad autónoma, La Caixa, propone como proyecto estrella la recuperación de un edificio histórico que ni la ciudad ni sus instituciones han sido capaces de poner en valor, Las Atarazanas, Cajasol pone en entredicho en los foros internacionales la imagen de la ciudad y la forma de gestionar su patrimonio por parte de sus autoridades? ¿No hay dudas sobre qué caja hace más por la imagen de Sevilla?
9) De manera que la Torre Cajasol, en definitiva, ¿a qué será un monumento?... Plataforma Ciudadana “Túmbala”, contra la Torre Cajasol
ciudadaniacontralatorrecajasol@gmail.com
http://ciudadaniacontralatorrepelli.blogspot.com
viernes, enero 23, 2009
Denegado permiso manifestación en solidaridad con Gaza
Denegado permiso manifestación en solidaridad con Gaza para el próximo domingo 25 por el subdelegado del Gobierno en Madrid.
El subdelegado del gobierno en la Comunidad de Madrid no considera admisible hacer uso del plazo excepcional de comunicación de urgencia"de una manera continuada y sistemática". Se refiera a que estas últmas semanas se han solicitado varias manifestaciones en solidaridad con Gaza con caracter de urgencia.
Las tres personas firmantes de la comunicación a la Delegación del Gobierno: Felicitas Velázquez del PCE, Jalil Sadaka de la Comunidad Hispano-Palestina "Jerusalén" y Julio Rodríguez de Paz Ahora han declarado que presentarán un recurso contra esta decisión gubernativa por considerala arbitraría.
Más Información ; Angels MasóOficina Federal de Paz Ahora.
Telefóno 629053731
El subdelegado del gobierno en la Comunidad de Madrid no considera admisible hacer uso del plazo excepcional de comunicación de urgencia"de una manera continuada y sistemática". Se refiera a que estas últmas semanas se han solicitado varias manifestaciones en solidaridad con Gaza con caracter de urgencia.
Las tres personas firmantes de la comunicación a la Delegación del Gobierno: Felicitas Velázquez del PCE, Jalil Sadaka de la Comunidad Hispano-Palestina "Jerusalén" y Julio Rodríguez de Paz Ahora han declarado que presentarán un recurso contra esta decisión gubernativa por considerala arbitraría.
Más Información ; Angels MasóOficina Federal de Paz Ahora.
Telefóno 629053731
El I premio Cortes de Cádiz a la libertad recae en Álvaro Uribe
El jurado ha valorado la fuerte lucha contra el terrorismo del presidente colombiano
El premio se ha creado para rendir homenaje a las personas o instituciones que se hayan caracterizado por la profundización, difusión y extensión de la libertad en el ámbito iberoamericano.
El jurado ha valorado singularmente la acción de liberación que está llevando a cabo el presidente Uribe, contribuyendo a la erradicación del terrorismo "con constancia y corazón grande, sin cesión a las presiones".
El jurado ha encomendado a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que traslade esta distinción, a través del embajador de Colombia en España, directamente a Uribe. Cabe recordar que la alcaldesa invitó personalmente al presidente colombiano en el mes de septiembre a que visitara Cádiz.
El jurado estaba formado por José Pedro Pérez Llorca, hijo predilecto de la ciudad; Lorenzo del Río, presidente de la Audiencia Provincial; Rafael Sánchez Saus, director de la Real Academia Hispanoamericana; Miguel González Saucedo, presidente de la Confederación de Empresarios; José Luis García Ruiz, catedrático de derecho Constitucional; y Miguel Nuche, vicepresidente de la Fundación Centro de Estudios Constitucionales.
Redacción / Cádiz Actualizado 09.01.2009 - 10:45
El I Premio 'A la Libertad Cortes de Cádiz' ha recaído por unanimidad en el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, "por sus esfuerzos en pro de la libertad y su abierta oposición a situaciones terroristas que la menosprecian, privando de su legítimo derecho a la misma a todas aquellas personas secuestradas por grupos, denominados terroristas, a las que han estado manteniendo prisioneras durante años privándolas de su libertad y de vivir con sus seres queridos".
El jurado ha valorado singularmente la acción de liberación que está llevando a cabo el presidente Uribe, contribuyendo a la erradicación del terrorismo "con constancia y corazón grande, sin cesión a las presiones".
El jurado ha encomendado a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que traslade esta distinción, a través del embajador de Colombia en España, directamente a Uribe. Cabe recordar que la alcaldesa invitó personalmente al presidente colombiano en el mes de septiembre a que visitara Cádiz.
El jurado estaba formado por José Pedro Pérez Llorca, hijo predilecto de la ciudad; Lorenzo del Río, presidente de la Audiencia Provincial; Rafael Sánchez Saus, director de la Real Academia Hispanoamericana; Miguel González Saucedo, presidente de la Confederación de Empresarios; José Luis García Ruiz, catedrático de derecho Constitucional; y Miguel Nuche, vicepresidente de la Fundación Centro de Estudios Constitucionales.
Premio a las violaciones de Derechos Humanos en Colombia Cádiz 20 de enero
Ecologistas en Acción exige la retirada del Premio a la Libertad de Cádiz al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por transmitir un mensaje equivocado y ser una bofetada contra las víctimas de crímenes de Estado en Colombia.La decisión del Consistorio de Cádiz de otorgar el I Premio a la Libertad Cortes de Cádiz al presidente colombiano Álvaro Uribe es otro ejemplo más de la indiferencia demostrada por el Partido Popular ante graves problemas de derechos humanos en su afán por apoyar incondicionalmente a gobiernos que considera aliados estratégicos para los intereses económicos de las empresas españolas, señala Ecologistas en Acción.
Pro Derechos Humanos también critica el Premio a la Libertad para Álvaro Uribe
13.01.09
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se sumó ayer a las críticas de IU por la elección del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, como el primer Premio Cortes de Cádiz a la Libertad. APDHA lamentó en una nota pública que la buena iniciativa de establecer este galardón «se haya visto empañada por la elección como primer destinatario de esta distinción de un personaje de trayectoria controvertida, por no decir oscura, en materia de Derechos Humanos en su propio país».
AI pide la retirada del premio a Álvaro Uribe.
Rebelión, 15 de enero.
Apdha asegura que la elección supone un “oprobio” para el pueblo de Cádiz. Las críticas a la decisión municipal de otorgar un premio al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no paran de sucederse. Ya son varios los colectivos sociales gaditanos que han expresado su disconformidad con esta distinción, sumándose así al rechazo manifestado por Izquierda Unida, nada más conocerse el fallo del jurado.La desaprobación más contundente procede de Amnistía Internacional (AI), que ayer criticó, por boca de su portavoz en la Bahía, Ana Barceló, dicha elección, calificándola de “completamente inoportuna”. Y es que según esta organización, el historial del mandatario suramericano en materia de respeto a los derechos humanos deja bastante que desear, como demuestran todos sus informes sobre la situación social y política existente en ese país.
inSurGente.-Textualmente: “Tras una deliberación inicial, el Jurado acordó por unanimidad ofrecer dicho Premio en 2009 a D. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia, por sus esfuerzos en pro de la libertad y su abierta oposición a situaciones terroristas que la menosprecian, privando de su legítimo derecho a la misma a todas aquellas personas secuestradas por grupos, denominados terroristas, a las que han estado manteniendo prisioneras durante años privándolas de su libertad y de vivir con sus seres queridos”. (…)Es un texto de un cinismo asombroso. Nauseabundo. Ofensivo. De menosprecio a la verdad, a la trágica realidad social, política y económica de Colombia, que es de privación de libertad, de persecución , de desplazamiento forzoso, de vil encarcelamiento, de tortura, de muerte, que padecen millones de colombianos bajo el yugo de un gobierno corrupto, comprometido hasta los tuétanos con la criminal estrategia paramilitar de la oligarquía colombiana, dispuesta a defender con sangre y terror su dominación de clase, a preservar a sangre y fuego sus privilegios sociales y económicos y a continuar disfrutando del pingüe negocio de la venta de la soberanía nacional a las potencias imperialistas de Estados Unidos y de Europa.
Hay gente en el mundo dedicadas a blanquear capitales. Hay Estados que optan por blanquear criminales.
miércoles, abril 02, 2008
17 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CAMPESINA
PLATAFORMA RURAL - ALIANZAS POR UN MUNDO RURAL VIVO SE SUMA AL LLAMAMIENTO DE LA VÍA CAMPESINA PARA EL 17 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CAMPESINA, E INVITA A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS A REALIZAR ACCIONES CONTRA LAS POLÍTICAS DE LAS TRANSNACIONALES AGROALIMENTARIAS
"Llamamiento de la Vía Campesina para 17 de Abril, Día Internacional de la Lucha Campesina"
La crisis alimentaria mundial está comenzando a aparecer en su imagen real este año. Durante las últimas décadas el hambre estaba "escondida" en áreas rurales o zonas marginales. Ahora el número de afectados está aumentando y mucha más gente ya no puede aguantar
más.
Están surgiendo disturbios por alimentos y vuelven las colas de gente hambrienta en muchos lugares del mundo. África y Asia son los mayores afectados por el hambre y la miseria en las zonas rurales, y por los efectos crecientes del cambio climático.
El desarrollo económico y el crecimiento benefician solamente a una minoría de la población y provocan daños ambientales y no resuelven la situación extremadamente precaria de la gran mayoría. En la India el auge económico beneficia solamente a una pequeña parte de la población. Al mismo tiempo, la economía basada en el campesinado esta siendo destruida y miles de campesinos acaban con sus vidas suicidándose por la desesperación y la pobreza.
Jóvenes campesinos de Indonesia, Filipinas, Tailandia, Bangladesh tienen que abandonar sus familias y aldeas para ir a otros países, porque allí no hay posibilidades depoder ganarse la vida.En la región de Latinoamérica se da un fenómeno similar.
La tierra cultivable ya no pertenece a población rural. Tienen que trabajar la tierra de la que fueron propietarios como mano de obra barata. Algunos huyen a las ciudades intentando mejorar su vida, pero por desgracia cada noche tienen que irse a dormir con el estómago vacío.Las grandes empresas transnacionales de agronegocios (TNC) quieren aumentar su control sobre la alimentación mundial y la economía agrícola. La liberalización del comercio y y la inversión en la agricultura lo ha hecho posible.
Se ha llegado a cabo acuerdos a nivel internacional a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Acuerdos de Libre Comercio (FTA) y los Acuerdos de Asociación Económica (EPA). Está siendo impulsado por programas del Banco Mundial y del FMI, que apoyan los agronegocios como la prioridad en las políticas alimentarias y agrícolas en muchos paísesLos subsidios gubernamentales destinados a las TNCs de agronegocios en el norte están siendo dirigidos a la agricultura industrial, eliminando granjas en el Norte y en el Sur por medio de precios bajos de dumping. A través de la revolución verde, las TNCs de agronegocios excluyen la sabiduría y los conocimientos locales en la agricultura eimponen nuevas tecnologías e insumos agrícolas que los campesinos tienen que comprar, dependiendo así de ellos.
Hoy en día, la avaricia de las TNCs de agronegocios es incluso más peligrosa, ya que pretenden apoderarse de mucha más tierra para convertirla en monocultivos de agrocombustibles, es decir, para cultivar alimentos para los automóviles.Claramente, las agronegocios de las transnacionales quieren acabar con la agricultura familiar y acabar que sean los campesinos alimenten las personas en el mundo, porque sus objetivos son controlar el mercado mundial de los alimentos y convertir la producción campesina en producción industrial.
Después de expropiar a muchos pequeños agricultores y campesinos, explotan a los consumidores aumentando los preciosmundiales de alimentos.La operación de las TNCs en los agronegocios, es contraria a los seres humanos y a la sostenibilidad del planeta, no deberíamos permitirles continuar con sus operaciones. Deberíamos pararles y volver a reivindicar los derechos de los pueblos a la agricultura, el derecho a producir buenos alimentos para todo el mundo.
Para la conmemoración este año del 17 de Abril, el Día Internacional de la Lucha Campesina, la Vía Campesina hace un llamamiento a sus miembros y otros movimientos sociales para realizar actividades en contra de las TNC:
1. A enviar antes del 17 de abril reportajes e información sobre el impacto de los agronegocios de las transnacionales que crean hambre y pobreza para agricultores familiares y campesinos. Nosotros recogeremos su información y la publicaremos en la lista www.viacampesina.org
durante el 17 de abril.
Puede enviarnos cualquier información como casos de hambre, violación de los derechos humanos, impactos negativos en la cultura y valores de las personas, deudas, problemas de salud, expropiación de tierra cultivable, desastres naturales y otras situaciones causadas por las operaciones de agronegocios de las transnacionales en su pueblo, local o país.
2. A organizar actividades en torno o durante el 17 de abril (seminarios, debates en público, acciones, movilizaciones, conferencias de prensa) para exponer los impactos de los agronegocios de las transnacionales y para desprestigiar su papel en el sector delos alimentos. Estas actividades pueden también mostrar lo que ha sido propuesto por las organizaciones campesinas y otros movimientos sociales como alternativas al modelo neoliberal.
Puede enviar el reportaje o información a la Operativa Internacional de la Vía Campesina a través de Tejo Pramono al correo electrónico: tpramono@viacampesina.org
"Llamamiento de la Vía Campesina para 17 de Abril, Día Internacional de la Lucha Campesina"
La crisis alimentaria mundial está comenzando a aparecer en su imagen real este año. Durante las últimas décadas el hambre estaba "escondida" en áreas rurales o zonas marginales. Ahora el número de afectados está aumentando y mucha más gente ya no puede aguantar
más.
Están surgiendo disturbios por alimentos y vuelven las colas de gente hambrienta en muchos lugares del mundo. África y Asia son los mayores afectados por el hambre y la miseria en las zonas rurales, y por los efectos crecientes del cambio climático.
El desarrollo económico y el crecimiento benefician solamente a una minoría de la población y provocan daños ambientales y no resuelven la situación extremadamente precaria de la gran mayoría. En la India el auge económico beneficia solamente a una pequeña parte de la población. Al mismo tiempo, la economía basada en el campesinado esta siendo destruida y miles de campesinos acaban con sus vidas suicidándose por la desesperación y la pobreza.
Jóvenes campesinos de Indonesia, Filipinas, Tailandia, Bangladesh tienen que abandonar sus familias y aldeas para ir a otros países, porque allí no hay posibilidades depoder ganarse la vida.En la región de Latinoamérica se da un fenómeno similar.
La tierra cultivable ya no pertenece a población rural. Tienen que trabajar la tierra de la que fueron propietarios como mano de obra barata. Algunos huyen a las ciudades intentando mejorar su vida, pero por desgracia cada noche tienen que irse a dormir con el estómago vacío.Las grandes empresas transnacionales de agronegocios (TNC) quieren aumentar su control sobre la alimentación mundial y la economía agrícola. La liberalización del comercio y y la inversión en la agricultura lo ha hecho posible.
Se ha llegado a cabo acuerdos a nivel internacional a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Acuerdos de Libre Comercio (FTA) y los Acuerdos de Asociación Económica (EPA). Está siendo impulsado por programas del Banco Mundial y del FMI, que apoyan los agronegocios como la prioridad en las políticas alimentarias y agrícolas en muchos paísesLos subsidios gubernamentales destinados a las TNCs de agronegocios en el norte están siendo dirigidos a la agricultura industrial, eliminando granjas en el Norte y en el Sur por medio de precios bajos de dumping. A través de la revolución verde, las TNCs de agronegocios excluyen la sabiduría y los conocimientos locales en la agricultura eimponen nuevas tecnologías e insumos agrícolas que los campesinos tienen que comprar, dependiendo así de ellos.
Hoy en día, la avaricia de las TNCs de agronegocios es incluso más peligrosa, ya que pretenden apoderarse de mucha más tierra para convertirla en monocultivos de agrocombustibles, es decir, para cultivar alimentos para los automóviles.Claramente, las agronegocios de las transnacionales quieren acabar con la agricultura familiar y acabar que sean los campesinos alimenten las personas en el mundo, porque sus objetivos son controlar el mercado mundial de los alimentos y convertir la producción campesina en producción industrial.
Después de expropiar a muchos pequeños agricultores y campesinos, explotan a los consumidores aumentando los preciosmundiales de alimentos.La operación de las TNCs en los agronegocios, es contraria a los seres humanos y a la sostenibilidad del planeta, no deberíamos permitirles continuar con sus operaciones. Deberíamos pararles y volver a reivindicar los derechos de los pueblos a la agricultura, el derecho a producir buenos alimentos para todo el mundo.
Para la conmemoración este año del 17 de Abril, el Día Internacional de la Lucha Campesina, la Vía Campesina hace un llamamiento a sus miembros y otros movimientos sociales para realizar actividades en contra de las TNC:
1. A enviar antes del 17 de abril reportajes e información sobre el impacto de los agronegocios de las transnacionales que crean hambre y pobreza para agricultores familiares y campesinos. Nosotros recogeremos su información y la publicaremos en la lista www.viacampesina.org
durante el 17 de abril.
Puede enviarnos cualquier información como casos de hambre, violación de los derechos humanos, impactos negativos en la cultura y valores de las personas, deudas, problemas de salud, expropiación de tierra cultivable, desastres naturales y otras situaciones causadas por las operaciones de agronegocios de las transnacionales en su pueblo, local o país.
2. A organizar actividades en torno o durante el 17 de abril (seminarios, debates en público, acciones, movilizaciones, conferencias de prensa) para exponer los impactos de los agronegocios de las transnacionales y para desprestigiar su papel en el sector delos alimentos. Estas actividades pueden también mostrar lo que ha sido propuesto por las organizaciones campesinas y otros movimientos sociales como alternativas al modelo neoliberal.
Puede enviar el reportaje o información a la Operativa Internacional de la Vía Campesina a través de Tejo Pramono al correo electrónico: tpramono@viacampesina.org
martes, enero 29, 2008
Cayucos sin pescado
La producción de la pesca global se ha quintuplicado en los últimos 40 años, según la FAO, y esto ha tenido como consecuencia que más del 70% de las pesquerías del Mundo estén sobreexplotadas.
Como nos recordaba recientemente The New York Times y, desde hace más tiempo, múltiples personas y colectivos de cooperación y ecologistas, la cuestión es bien sencilla: una importante flota de pesqueros modernos, de forma legal o ilegal, llega a acuerdos con los países de la zona para poder extraer sus recursos pesqueros, a cambio de fondos económicos.
El resultado es la competición desigual con la flota artesanal de cayucos que contempla cómo la efectividad de las embarcaciones europeas, chinas o de otras latitudes, vacía su costa de peces. A partir de ahí los occidentales podemos incrementar nuestra dieta en el sano pescado - no local, dado el calamitoso estado de las reservas propias, sino importado de zonas con creciente sobrepesca, esto es, a costa de que otros coman menos pescado, vital para muchas comunidades pobres del Mundo.
La producción de la pesca global se ha quintuplicado en los últimos 40 años, según la FAO, y esto ha tenido como consecuencia que más del 70% de las pesquerías del Mundo estén sobreexplotadas.
Sin ser pescadores, las personas con más recursos monetarios disfrutamos de múltiple variedad de aquéllos, capturados en medio Planeta y servidos en la mesa a través de una enorme cadena industrial que está a la búsqueda de la mayor rentabilidad, sin reparar en tamaños, cuotas o límites: se prodiga, como ha advertido Greenpeace, la pesca pirata, que acaba en nuestros platos, a través de nuestros puertos, y que finalmente es “tolerada” de una u otra manera en beneficio del abastecimiento alimentario en Occidente.
La cuestión se hace se hace aún más sencilla en África. Resulta que nuestra abundancia de dieta pesquera está relacionada con la inmigración africana.
El declive de recursos naturales pesqueros en el continente ha motivado que la ya escasa economía local se haya visto deprimida, forzando a usar los barcos de pesca artesanales, mucho menos intensivos en la captura, para que emigre su población, despojada de una parte muy importante de sus ingresos.
Se dirá que no, que es que los gobiernos son corruptos, y que mi plato no tiene que ver con su drama, en un habitual ejercicio de limpieza de conciencia del que abusamos habitualmente. Pero lo cierto es que los cayucos, repletos de personas, vienen a buscar en estas latitudes lo que otrora estaba en las suyas.
No sólo el pescado.
También múltiples recursos naturales, hidrocarburos, etc. que tienen su destino final en los países más consumidores de bienes del Mundo, entre los que se encuentran los canarios. Entonces, quizás, antes de pronunciar aquello tan triste de la invasión, debamos cuestionarnos sobre realmente quién está invadiendo a quién.
Juan Jesús Bermúdez
Como nos recordaba recientemente The New York Times y, desde hace más tiempo, múltiples personas y colectivos de cooperación y ecologistas, la cuestión es bien sencilla: una importante flota de pesqueros modernos, de forma legal o ilegal, llega a acuerdos con los países de la zona para poder extraer sus recursos pesqueros, a cambio de fondos económicos.
El resultado es la competición desigual con la flota artesanal de cayucos que contempla cómo la efectividad de las embarcaciones europeas, chinas o de otras latitudes, vacía su costa de peces. A partir de ahí los occidentales podemos incrementar nuestra dieta en el sano pescado - no local, dado el calamitoso estado de las reservas propias, sino importado de zonas con creciente sobrepesca, esto es, a costa de que otros coman menos pescado, vital para muchas comunidades pobres del Mundo.
La producción de la pesca global se ha quintuplicado en los últimos 40 años, según la FAO, y esto ha tenido como consecuencia que más del 70% de las pesquerías del Mundo estén sobreexplotadas.
Sin ser pescadores, las personas con más recursos monetarios disfrutamos de múltiple variedad de aquéllos, capturados en medio Planeta y servidos en la mesa a través de una enorme cadena industrial que está a la búsqueda de la mayor rentabilidad, sin reparar en tamaños, cuotas o límites: se prodiga, como ha advertido Greenpeace, la pesca pirata, que acaba en nuestros platos, a través de nuestros puertos, y que finalmente es “tolerada” de una u otra manera en beneficio del abastecimiento alimentario en Occidente.
La cuestión se hace se hace aún más sencilla en África. Resulta que nuestra abundancia de dieta pesquera está relacionada con la inmigración africana.
El declive de recursos naturales pesqueros en el continente ha motivado que la ya escasa economía local se haya visto deprimida, forzando a usar los barcos de pesca artesanales, mucho menos intensivos en la captura, para que emigre su población, despojada de una parte muy importante de sus ingresos.
Se dirá que no, que es que los gobiernos son corruptos, y que mi plato no tiene que ver con su drama, en un habitual ejercicio de limpieza de conciencia del que abusamos habitualmente. Pero lo cierto es que los cayucos, repletos de personas, vienen a buscar en estas latitudes lo que otrora estaba en las suyas.
No sólo el pescado.
También múltiples recursos naturales, hidrocarburos, etc. que tienen su destino final en los países más consumidores de bienes del Mundo, entre los que se encuentran los canarios. Entonces, quizás, antes de pronunciar aquello tan triste de la invasión, debamos cuestionarnos sobre realmente quién está invadiendo a quién.
Juan Jesús Bermúdez
Los vecinos amenazados por la especulación
"TODOS SUFRIMOS EL DESALOJO"
COMUNICADO DE LAS VECINAS DE LA CALLE GUADALCANAL Y VALDEARCO 8 Y 10.
CONCENTRACIÓN ante las puertas de la Delegación de urbanismo a las 17:30 horas, el martes 5 DE febrero
El próximo 5 de febrero los vecinos del barrio de Begoña correspondientes a la calle Guadalcanal 5 y Valdearco 8 y 10 tendran una reunión con responsables de OTAINSA con el propósito de exponerles la situación de desamparo a la que están sometidos tras la inminente comunicaciones de demandas de desahucio, que les obliga a desalojar sus viviendas, por la negativa del propietario a prorrogar sus contratos y trasmitirle a su vez una serie de propuestas que impliquen la permanencia de los inquilinos.
Construcciones Opera propietario de 23 pisos de los tres bloques, ha comunicado hasta la fecha a 18 vecinos a través de Burofax desde el pasado marzo del 2007, la intención de no prorrogar los contratos de alquiler y dar por finalizado los mismos, siendo la intención de la propiedad notificar a la totalidad de los inquilinos la misma decisión.
Alrededor de 15 vecinos se negaron en un principio a aceptar dichas condiciones, y decidieron prorrogar su estancia en la vivienda, realizando la consignación por la cuantia de alquiler en los juzgados por parte de algunos vecinos, mientras las demandas han ido llegando de forma progresiva, como consecuencia, del miedo y la falta de medios economicos para poder afrontar un desahucio muchos han decidido abandonar y tan solo 6 vecinos permanecen en la actualidad en el inmueble.
De forma paralela los vecinos y vecinas se han organizado en una asamblea que es apoyada por diferentes colectivos sociales sensibilizados con la problemática de la vivienda en la ciudad entre ellos (Asamblea por una vivienda digna, La liga de inquilinos la corriente, La asamblea de vecinas de San Bernardo 52, Corriente Roja, Derechos Humanos, Oficina de Derechos Sociales, Arquitectura y Compromiso Social y Precarios en movimiento de Sevilla).
Esta asamblea ha dedicado hasta la fecha gran parte de sus esfuerzos a informar a los vecinos de su barrio sobre su problemática, a través de charlas informativas, buzoneos, pegadas de carteles, reparto de comunicados, ante los medios de comunicación etc..,
Las vecinas consideran que detrás de esta situación se encuentra un proceso especulativo de gran envergadura, y que puede ser el principio de un camino emprendido por propietarios y inmobiliarias para revalorizar la zona, y atraer a vecinos con mayor poder adquisitivo. Ejemplo de esta situación han sido vecinos de otros barrios como el de San Bernardo, Triana y Casco antiguo, obligados a abandonar sus viviendas por la presión especulativa.
Las vecinas y vecinos con a el de apoyo de los movimientos sociales que les están ayudando. Quieren denunciar ante los medios de comunicación y a la opinión publica, su situación concentrandose ante las puertas de la Delegación de urbanismo a las 17:30 horas, el martes 29 de enero.
Las propuesta para el Ayuntamiento son:
Primero que se mantengan los contratos del alquiler por la misma renta para todos los vecinos, segundo que el Ayuntamiento compre o expropie los pisos para que pasen a propiedad municipal y se puedan convertir en alquileres sociales, por último queremos que los pisos vacíos que se destinen a personas del barrio que lo necesiten.
Por todos estos motivos y por muchos mas las vecinas y vecinos nos hemos puesto en lucha por una VIVIENDA DIGNA, y por lo que consideramos un derecho.
vecinosguadalcanal@yahoo.es
COMUNICADO DE LAS VECINAS DE LA CALLE GUADALCANAL Y VALDEARCO 8 Y 10.
CONCENTRACIÓN ante las puertas de la Delegación de urbanismo a las 17:30 horas, el martes 5 DE febrero
El próximo 5 de febrero los vecinos del barrio de Begoña correspondientes a la calle Guadalcanal 5 y Valdearco 8 y 10 tendran una reunión con responsables de OTAINSA con el propósito de exponerles la situación de desamparo a la que están sometidos tras la inminente comunicaciones de demandas de desahucio, que les obliga a desalojar sus viviendas, por la negativa del propietario a prorrogar sus contratos y trasmitirle a su vez una serie de propuestas que impliquen la permanencia de los inquilinos.
Construcciones Opera propietario de 23 pisos de los tres bloques, ha comunicado hasta la fecha a 18 vecinos a través de Burofax desde el pasado marzo del 2007, la intención de no prorrogar los contratos de alquiler y dar por finalizado los mismos, siendo la intención de la propiedad notificar a la totalidad de los inquilinos la misma decisión.
Alrededor de 15 vecinos se negaron en un principio a aceptar dichas condiciones, y decidieron prorrogar su estancia en la vivienda, realizando la consignación por la cuantia de alquiler en los juzgados por parte de algunos vecinos, mientras las demandas han ido llegando de forma progresiva, como consecuencia, del miedo y la falta de medios economicos para poder afrontar un desahucio muchos han decidido abandonar y tan solo 6 vecinos permanecen en la actualidad en el inmueble.
De forma paralela los vecinos y vecinas se han organizado en una asamblea que es apoyada por diferentes colectivos sociales sensibilizados con la problemática de la vivienda en la ciudad entre ellos (Asamblea por una vivienda digna, La liga de inquilinos la corriente, La asamblea de vecinas de San Bernardo 52, Corriente Roja, Derechos Humanos, Oficina de Derechos Sociales, Arquitectura y Compromiso Social y Precarios en movimiento de Sevilla).
Esta asamblea ha dedicado hasta la fecha gran parte de sus esfuerzos a informar a los vecinos de su barrio sobre su problemática, a través de charlas informativas, buzoneos, pegadas de carteles, reparto de comunicados, ante los medios de comunicación etc..,
Las vecinas consideran que detrás de esta situación se encuentra un proceso especulativo de gran envergadura, y que puede ser el principio de un camino emprendido por propietarios y inmobiliarias para revalorizar la zona, y atraer a vecinos con mayor poder adquisitivo. Ejemplo de esta situación han sido vecinos de otros barrios como el de San Bernardo, Triana y Casco antiguo, obligados a abandonar sus viviendas por la presión especulativa.
Las vecinas y vecinos con a el de apoyo de los movimientos sociales que les están ayudando. Quieren denunciar ante los medios de comunicación y a la opinión publica, su situación concentrandose ante las puertas de la Delegación de urbanismo a las 17:30 horas, el martes 29 de enero.
Las propuesta para el Ayuntamiento son:
Primero que se mantengan los contratos del alquiler por la misma renta para todos los vecinos, segundo que el Ayuntamiento compre o expropie los pisos para que pasen a propiedad municipal y se puedan convertir en alquileres sociales, por último queremos que los pisos vacíos que se destinen a personas del barrio que lo necesiten.
Por todos estos motivos y por muchos mas las vecinas y vecinos nos hemos puesto en lucha por una VIVIENDA DIGNA, y por lo que consideramos un derecho.
vecinosguadalcanal@yahoo.es
concentración POR LA PAZ en Mairena del Aljarafe
En Mairena del Aljarafe, 30 de Enero de 2008. Día Internacional de la Paz Manifiesto del Foro Social de Sevilla ante el genocidio de Gaza
Ver más Información sobre la manifestación
"El drama que se abate sobre los palestinos es un retroceso civilizatorio que degrada a todos los integrantes de la comunidad internacional, la cual se prometió a sí misma, hace seis décadas, impedir que se repitiera el exterminio de un pueblo."
Tras continuos bombardeos aéreos que han causado decenas de muertos y numerosos heridos entre la población de Gaza, el régimen israelí ordenó hace tres días el bloqueo total de ese territorio palestino, impidiendo desde entonces la entrega de la ayuda humanitaria más esencial. El bloqueo impide también la llegada del combustible necesario para hacer funcionar los generadores eléctricos de emergencia.
La situación es particularmente crítica en los hospitales, donde se encuentran internados numerosos heridos de los ataques aéreos de la semana pasada. Los organismos humanitarios han advertido que el bloqueo israelí lleva a nuevos grados de horror la catástrofe humanitaria que ya se vivía en Gaza, y la prensa de la ciudad asediada refleja el agotamiento de las medicinas, los víveres, las velas en las tiendas, la tela para amortajar y hasta el cemento necesario para construir las tumbas.
Esta despiadada ofensiva contra un pueblo prácticamente inerme, así como los castigos colectivos –prohibidos por las leyes internacionales y las consideraciones humanitarias más básicas– que el régimen israelí impone a la población ocupada, ponen en evidencia la falsedad de los discursos sobre la paz y la cooperación de ocupantes y ocupados que pronunció el mandatario estadunidense, George W. Bush, durante su reciente visita a Oriente Próximo.
Es difícil imaginar, en efecto, que el designio de aniquilación física de los palestinos, en el que se emplean aviones, tanques y proyectiles facilitados al régimen israelí por los EE UU pueda dar por resultado un diálogo pacificador para la zona.
El gobierno de Ehud Olmert pretende usar los disparos de cohetes artesanales contra objetivos israelíes como justificación para los bombardeos y el cerco contra Gaza, soslayando la desproporción entre las acciones de grupos desesperados y un Estado que recurre a prácticas que son calificadas por el Derecho Internacional como crímenes de guerra, cometidos contra el conjunto de una población devastada, saqueada, sitiada y despojada hasta de su legítimo derecho a elegir a sus representantes en comicios democráticos.
En Palestina –como en Irak–, el supuesto combate contra el terrorismo está desembocando en crímenes de genocidio, presentados ante la opinión pública internacional como medidas de pacificación. Y esto viene ocurriendo a la vista de todo el mundo, con la complacencia de los gobiernos supuestamente civilizados y democráticos de Estados Unidos y Europa occidental, y ante la manifiesta inacción de los máximos organismos internacionales. El drama que se abate sobre los palestinos es un retroceso civilizatorio que degrada a todos los integrantes de la comunidad internacional, la cual se prometió a sí misma, hace seis décadas, impedir que se repitiera el exterminio de un pueblo.
El Foro Social de Sevilla quiere recordar a nuestras instituciones la obligatoriedad de cumplir con la IV Convención de Ginebra y su protocolo adicional que prohiben el uso de los abastecimientos de víveres, medicinas y de la ayuda internacional como instrumentos de desestabilización y denunciar la infamia que supone la colaboración de la Unión Europea con el régimen israelí en el férreo bloqueo de los territorios ocupados, especialmente en Gaza, desde que Hamás ganara limpiamente las elecciones hace dos años, con el fin no disimulado de favorecer enfrentamientos fratricidas y poder colocar un gobierno "colaboracionista" en la zona.
Que sepan todos que en momentos de angustia y de dolor todos nos sentimos palestinos.
Que Andalucia siempre estará con Palestina
Ver más Información sobre la manifestación
"El drama que se abate sobre los palestinos es un retroceso civilizatorio que degrada a todos los integrantes de la comunidad internacional, la cual se prometió a sí misma, hace seis décadas, impedir que se repitiera el exterminio de un pueblo."
Tras continuos bombardeos aéreos que han causado decenas de muertos y numerosos heridos entre la población de Gaza, el régimen israelí ordenó hace tres días el bloqueo total de ese territorio palestino, impidiendo desde entonces la entrega de la ayuda humanitaria más esencial. El bloqueo impide también la llegada del combustible necesario para hacer funcionar los generadores eléctricos de emergencia.
La situación es particularmente crítica en los hospitales, donde se encuentran internados numerosos heridos de los ataques aéreos de la semana pasada. Los organismos humanitarios han advertido que el bloqueo israelí lleva a nuevos grados de horror la catástrofe humanitaria que ya se vivía en Gaza, y la prensa de la ciudad asediada refleja el agotamiento de las medicinas, los víveres, las velas en las tiendas, la tela para amortajar y hasta el cemento necesario para construir las tumbas.
Esta despiadada ofensiva contra un pueblo prácticamente inerme, así como los castigos colectivos –prohibidos por las leyes internacionales y las consideraciones humanitarias más básicas– que el régimen israelí impone a la población ocupada, ponen en evidencia la falsedad de los discursos sobre la paz y la cooperación de ocupantes y ocupados que pronunció el mandatario estadunidense, George W. Bush, durante su reciente visita a Oriente Próximo.
Es difícil imaginar, en efecto, que el designio de aniquilación física de los palestinos, en el que se emplean aviones, tanques y proyectiles facilitados al régimen israelí por los EE UU pueda dar por resultado un diálogo pacificador para la zona.
El gobierno de Ehud Olmert pretende usar los disparos de cohetes artesanales contra objetivos israelíes como justificación para los bombardeos y el cerco contra Gaza, soslayando la desproporción entre las acciones de grupos desesperados y un Estado que recurre a prácticas que son calificadas por el Derecho Internacional como crímenes de guerra, cometidos contra el conjunto de una población devastada, saqueada, sitiada y despojada hasta de su legítimo derecho a elegir a sus representantes en comicios democráticos.
En Palestina –como en Irak–, el supuesto combate contra el terrorismo está desembocando en crímenes de genocidio, presentados ante la opinión pública internacional como medidas de pacificación. Y esto viene ocurriendo a la vista de todo el mundo, con la complacencia de los gobiernos supuestamente civilizados y democráticos de Estados Unidos y Europa occidental, y ante la manifiesta inacción de los máximos organismos internacionales. El drama que se abate sobre los palestinos es un retroceso civilizatorio que degrada a todos los integrantes de la comunidad internacional, la cual se prometió a sí misma, hace seis décadas, impedir que se repitiera el exterminio de un pueblo.
El Foro Social de Sevilla quiere recordar a nuestras instituciones la obligatoriedad de cumplir con la IV Convención de Ginebra y su protocolo adicional que prohiben el uso de los abastecimientos de víveres, medicinas y de la ayuda internacional como instrumentos de desestabilización y denunciar la infamia que supone la colaboración de la Unión Europea con el régimen israelí en el férreo bloqueo de los territorios ocupados, especialmente en Gaza, desde que Hamás ganara limpiamente las elecciones hace dos años, con el fin no disimulado de favorecer enfrentamientos fratricidas y poder colocar un gobierno "colaboracionista" en la zona.
Que sepan todos que en momentos de angustia y de dolor todos nos sentimos palestinos.
Que Andalucia siempre estará con Palestina
viernes, enero 25, 2008
CRÓNICA DE UNA MANIFESTACIÓN ANUNCIADA
DESDE MOZAMBIQUE
Hoy Jueves 24 de Enero de 2008, a las 9 de la mañana en la capital del Distrito de Manhiça, se reunieron alrededor de 300 campesinos y campesinas, miembros de las Uniones Distritales de Campesinos de Manhiça y Marracuene (UNAC) para entregar una carta a la Administradora del Distrito, en la cual reclaman una mejor implementación de la ley de tierras y para denunciar la violación de los legítimos derechos que los campesinos tienen sobre la tierra, así como las abusivas tasas que para la comercialización se está imponiendo a los campesinos.
De manera pacífica y bajo los lemas: “La tierra es nuestra riqueza”, “Valoricemos nuestra producción agrícola”, “Apoyando la producción: así defendemos la tierra”, “Campesinos Unidos Siempre Venceremos”, “Por la correcta implementación de la ley de tierras”, se inició la marcha desde la Sede de la Unión de Campesinos de Manhiça hacia la Sede de la Administración Distrital.
Después de 20 minutos aproximadamente de iniciada la marcha, una barrera policial formada por aproximadamente 10 policías uniformados y armados con sus pistolas y metralletas reglamentarias interrumpen la marcha con la argumentación de que no ha sido autorizada.
Otros 10 agentes antidisturbios pertrechados con gas lacrimógeno, escopetas, balas de goma y otras armas y munición “de fuego”, esperan su turno en una camioneta estacionada a unos pocos metros del punto de encuentro entre policía y manifestantes, justo donde terminaba el camino de arena y empezaba la carretera nacional no. 1.
Durante un periodo de 30 minutos, se produce un intercambio de argumentos por parte de los representantes de los campesinos (encabezados por el Vicepresidente de la UNAC y miembro de la Unión de Campesinos de Marracuene –Joao Palate-) y el Jefe de la Policía de Manhiça, al cual se le presentan las cartas en las que se comunica tanto al Presidente del Conselho Municipal como a la Administradora del Distrito, que se va a realizar una marcha pacífica en los términos expuestos inicialmente. También se le muestra una carta a la policía, dirigida al propio Cuerpo de la policía informando de la actividad y solicitando su presencia para garantizar que todo transcurra con orden y sin poner en peligro la seguridad ciudadana.
Pasados unos 15 minutos del inicio de la conversación, los agentes antidisturbios toman posiciones y se colocan en fila frente a los manifestantes (quedando el grupo de “negociadores” entre los antidisturbios y los manifestantes).
El jefe de la Policía argumenta que a pesar de ser una manifestación pacífica, de reconocer que han sido informados debidamente tanto su Cuerpo como las autoridades locales, tiene órdenes provenientes del Presidente del Conselho Municipal de la ciudad de Manhiça de abortar la manifestación.
Después de 30 minutos de conversación, el Jefe de la policía dice que se le ha acabado la paciencia y que van a cargar para dispersar a las personas. Los antidisturbios empiezan a cargar sus escopetas con balas de gomas y con gas.
En ese momento, y haciendo un ejercicio de responsabilidad ciudadana, los manifestantes deciden recular y dar marcha atrás. Pacíficamente llegaron hasta allí y pacíficamente de allí se marcharían. En ese momento, cuando los hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas que allí se encontraban empezaron a caminar de vuelta a la Sede de la Unión Distrital de Manhica, los agentes antidisturbios comenzaron a cargar y a golpear por la espalda y a traición, de manera cobarde, con alevosía y abuso de poder, a los hombres y mujeres que pacíficamente y desarmados cumplían con la orden dada por la policía de volver para la Sede.
Durante unos 10 minutos fuimos amablemente acompañados por estos agentes que golpeaban indiscriminadamente y sin piedad alguna a los hombres y mujeres que allí nos encontrábamos.
Varias personas resultaron contusionadas, lamentando que un miembro de la Unión de Manhiça tuviera que ser llevado al Hospital de la Sede del Distrito por los compañeros de CIC Batá al encontrarse seriamente dolorido de un brazo con incapacidad de movilización del mismo.
2 cámaras de fotos fueron arrebatadas por la fuerza por parte de agentes antidisturbios a los manifestantes. Una de ellas, fue arrancada de las manos a la compañera de CIC Batá Luisa Alberto Fumo por un agente antidisturbios con agresividad desproporcionada cuando volvíamos pacíficamente a la Sede de la Unión en cumplimiento de la orden policial.
La otra cámara fue arrebatada al compañero Luis (UNAC) cuando se dirigía desde la Sede de la Unión hacia la ciudad en coche. Los campesinos y campesinas ya se encontraban en la Sede de la Unión y la policía seguía en el mismo punto donde empezó todo. Allí montaron un control y pararon al compañero Luis (UNAC) obligándole a entregarles la cámara.
Los medios de comunicación (como STV-Televisión) que fueron convocados por parte de CIC Batá para cubrir el evento fueron engañados, ya que al presentarse en la Sede de la Administración Distrital, les dijeron que “no había ninguna manifestación convocada”. Estos, al ver que realmente no había nadie por la calle (ya que la policía había abortado la marcha justo en el cruce de acceso a la carretera nacional no. 1), se dieron la vuelta a Maputo. A la altura de Marracuene, conseguimos contactar con ellos por teléfono para que volvieran y explicarles lo ocurrido, pero habían tenido un accidente con el coche y fue imposible para ellos volver.
A pesar de todo, la noticia pudo ser cubierta por Radio de Mozambique y por un periódico local.
Cuando volvimos a la Sede de la Unión, estábamos indignados y enfadados preparamos algunos alimentos para comer y tuvimos una asamblea improvisada en la cual se fueron explicando los casos de abusos que se ha tenido contra campesinos y campesinas en los últimos tiempos en el Distrito de Manhiça (robo de tierras permitidas -cuando no inducidas- por parte del corrupto Presidente del Conselho Municipal de la Sede Distrital –el mismo que ordenó abortar la manifestación- a favor de privados y de la empresa azucarera MARAGRA), la encarcelación ilegal de varios miembros de las asociaciones de la Unión de Campesinos de Manhiça a los que les fue robada la tierra, etc.
Alrededor de las 15 h., los compañeros de CIC Batá acompañados de varios miembros de la Unión de Campesinos de Manhiça nos dirigimos al control de la policía (donde todavía seguían) para exigir la devolución de la cámara fotográfica arrebatada a la compañera Luisa.
Cuando llegamos al control de la policía, Marrengula y Yo (Santi) salimos del coche y somos acompañados por un policía antidisturbios hasta donde se encuentran los jefes de la policía junto con otros policías sin rango, en la terraza de un bar junto a la carretera. Preguntan a Marrengula que quién es y Yo les respondo que trabajamos juntos, uno de ellos se burla diciendo que es mi chófer y el resto suelta una carcajada. A continuación le dicen de muy malas formas que se vaya de allí y Marrengula se va.
Me quedo con la policía y les digo que me devuelvan la cámara, ellos me dicen que me la devuelven si borro delante de ellos todas las fotos en las que sale la policía. Yo accedo a borrar las fotos y me devuelven la cámara. Antes de irme, me toman los datos (nombre, apellidos y organización que represento) y me preguntan que donde está nuestra Sede y qué hacemos en Manhiça. Después de explicarles lo que me preguntaron, me dejaron ir.
Una vez recuperada la cámara, llevamos al compañero herido al hospital y nos volvemos para la ciudad de Maputo.
Esto es lo que ha ocurrido hoy 24 de enero en el Distrito de Manhiça de la Provincia de Maputo en Mozambique.
Santiago Merino López
Técnico Delegado para África
CIC Batá
Breve reflexión…
Una vez más, asistimos a la violación de los derechos que legítimamente tienen los campesinos y campesinas sobre la tierra y el agua, al abuso por parte del corrupto Presidente del Conselho Municipal de Manhiça con detenciones ilegales de campesinos y tasas abusivas a la comercialización sino que además son intimidados y agredidos por orden suya cuando pacíficamente quieren defender sus derechos.
La pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué lleva a esta persona a tener este comportamiento? Pues la respuesta es clara… DINERO tanto para él como para el Conselho Municipal (fundamentalmente proveniente de la empresa azucarera MARAGRA) y PODER que le da el apropiarse de las tierras de los campesinos.
En el Boletín de Batá que vamos a publicar en el mes de Abril y del que está encargada la Sede de Batá en África, nos centraremos en la violación de los derechos sobre la tierra que se dan de manera habitual en Mozambique. Hablaremos de lo que está ocurriendo en los Distritos de Manhiça, Marracuene, Boane (Provincia de Maputo) y del Distrito de Chókwè en la Provincia de Gaza.
La lucha continúa… para el día 17 de Abril (Dia Internacional de la lucha Campesina) se va a convocar de nuevo una gran manifestación en la Sede del Distrito de Manhiça en la que participarán campesinos de toda la Provincia de Maputo y algunos de la Provincia de Gaza (Distrito de Chókwè) para mostrar al mundo que no van a callar la voz de los campesinos porque como dice el lema de la UNAC:
¡¡ CAMPONESES UNIDOS
SEMPRE VENCEREMOS !!
Hoy Jueves 24 de Enero de 2008, a las 9 de la mañana en la capital del Distrito de Manhiça, se reunieron alrededor de 300 campesinos y campesinas, miembros de las Uniones Distritales de Campesinos de Manhiça y Marracuene (UNAC) para entregar una carta a la Administradora del Distrito, en la cual reclaman una mejor implementación de la ley de tierras y para denunciar la violación de los legítimos derechos que los campesinos tienen sobre la tierra, así como las abusivas tasas que para la comercialización se está imponiendo a los campesinos.
De manera pacífica y bajo los lemas: “La tierra es nuestra riqueza”, “Valoricemos nuestra producción agrícola”, “Apoyando la producción: así defendemos la tierra”, “Campesinos Unidos Siempre Venceremos”, “Por la correcta implementación de la ley de tierras”, se inició la marcha desde la Sede de la Unión de Campesinos de Manhiça hacia la Sede de la Administración Distrital.
Después de 20 minutos aproximadamente de iniciada la marcha, una barrera policial formada por aproximadamente 10 policías uniformados y armados con sus pistolas y metralletas reglamentarias interrumpen la marcha con la argumentación de que no ha sido autorizada.
Otros 10 agentes antidisturbios pertrechados con gas lacrimógeno, escopetas, balas de goma y otras armas y munición “de fuego”, esperan su turno en una camioneta estacionada a unos pocos metros del punto de encuentro entre policía y manifestantes, justo donde terminaba el camino de arena y empezaba la carretera nacional no. 1.
Durante un periodo de 30 minutos, se produce un intercambio de argumentos por parte de los representantes de los campesinos (encabezados por el Vicepresidente de la UNAC y miembro de la Unión de Campesinos de Marracuene –Joao Palate-) y el Jefe de la Policía de Manhiça, al cual se le presentan las cartas en las que se comunica tanto al Presidente del Conselho Municipal como a la Administradora del Distrito, que se va a realizar una marcha pacífica en los términos expuestos inicialmente. También se le muestra una carta a la policía, dirigida al propio Cuerpo de la policía informando de la actividad y solicitando su presencia para garantizar que todo transcurra con orden y sin poner en peligro la seguridad ciudadana.
Pasados unos 15 minutos del inicio de la conversación, los agentes antidisturbios toman posiciones y se colocan en fila frente a los manifestantes (quedando el grupo de “negociadores” entre los antidisturbios y los manifestantes).
El jefe de la Policía argumenta que a pesar de ser una manifestación pacífica, de reconocer que han sido informados debidamente tanto su Cuerpo como las autoridades locales, tiene órdenes provenientes del Presidente del Conselho Municipal de la ciudad de Manhiça de abortar la manifestación.
Después de 30 minutos de conversación, el Jefe de la policía dice que se le ha acabado la paciencia y que van a cargar para dispersar a las personas. Los antidisturbios empiezan a cargar sus escopetas con balas de gomas y con gas.
En ese momento, y haciendo un ejercicio de responsabilidad ciudadana, los manifestantes deciden recular y dar marcha atrás. Pacíficamente llegaron hasta allí y pacíficamente de allí se marcharían. En ese momento, cuando los hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas que allí se encontraban empezaron a caminar de vuelta a la Sede de la Unión Distrital de Manhica, los agentes antidisturbios comenzaron a cargar y a golpear por la espalda y a traición, de manera cobarde, con alevosía y abuso de poder, a los hombres y mujeres que pacíficamente y desarmados cumplían con la orden dada por la policía de volver para la Sede.
Durante unos 10 minutos fuimos amablemente acompañados por estos agentes que golpeaban indiscriminadamente y sin piedad alguna a los hombres y mujeres que allí nos encontrábamos.
Varias personas resultaron contusionadas, lamentando que un miembro de la Unión de Manhiça tuviera que ser llevado al Hospital de la Sede del Distrito por los compañeros de CIC Batá al encontrarse seriamente dolorido de un brazo con incapacidad de movilización del mismo.
2 cámaras de fotos fueron arrebatadas por la fuerza por parte de agentes antidisturbios a los manifestantes. Una de ellas, fue arrancada de las manos a la compañera de CIC Batá Luisa Alberto Fumo por un agente antidisturbios con agresividad desproporcionada cuando volvíamos pacíficamente a la Sede de la Unión en cumplimiento de la orden policial.
La otra cámara fue arrebatada al compañero Luis (UNAC) cuando se dirigía desde la Sede de la Unión hacia la ciudad en coche. Los campesinos y campesinas ya se encontraban en la Sede de la Unión y la policía seguía en el mismo punto donde empezó todo. Allí montaron un control y pararon al compañero Luis (UNAC) obligándole a entregarles la cámara.
Los medios de comunicación (como STV-Televisión) que fueron convocados por parte de CIC Batá para cubrir el evento fueron engañados, ya que al presentarse en la Sede de la Administración Distrital, les dijeron que “no había ninguna manifestación convocada”. Estos, al ver que realmente no había nadie por la calle (ya que la policía había abortado la marcha justo en el cruce de acceso a la carretera nacional no. 1), se dieron la vuelta a Maputo. A la altura de Marracuene, conseguimos contactar con ellos por teléfono para que volvieran y explicarles lo ocurrido, pero habían tenido un accidente con el coche y fue imposible para ellos volver.
A pesar de todo, la noticia pudo ser cubierta por Radio de Mozambique y por un periódico local.
Cuando volvimos a la Sede de la Unión, estábamos indignados y enfadados preparamos algunos alimentos para comer y tuvimos una asamblea improvisada en la cual se fueron explicando los casos de abusos que se ha tenido contra campesinos y campesinas en los últimos tiempos en el Distrito de Manhiça (robo de tierras permitidas -cuando no inducidas- por parte del corrupto Presidente del Conselho Municipal de la Sede Distrital –el mismo que ordenó abortar la manifestación- a favor de privados y de la empresa azucarera MARAGRA), la encarcelación ilegal de varios miembros de las asociaciones de la Unión de Campesinos de Manhiça a los que les fue robada la tierra, etc.
Alrededor de las 15 h., los compañeros de CIC Batá acompañados de varios miembros de la Unión de Campesinos de Manhiça nos dirigimos al control de la policía (donde todavía seguían) para exigir la devolución de la cámara fotográfica arrebatada a la compañera Luisa.
Cuando llegamos al control de la policía, Marrengula y Yo (Santi) salimos del coche y somos acompañados por un policía antidisturbios hasta donde se encuentran los jefes de la policía junto con otros policías sin rango, en la terraza de un bar junto a la carretera. Preguntan a Marrengula que quién es y Yo les respondo que trabajamos juntos, uno de ellos se burla diciendo que es mi chófer y el resto suelta una carcajada. A continuación le dicen de muy malas formas que se vaya de allí y Marrengula se va.
Me quedo con la policía y les digo que me devuelvan la cámara, ellos me dicen que me la devuelven si borro delante de ellos todas las fotos en las que sale la policía. Yo accedo a borrar las fotos y me devuelven la cámara. Antes de irme, me toman los datos (nombre, apellidos y organización que represento) y me preguntan que donde está nuestra Sede y qué hacemos en Manhiça. Después de explicarles lo que me preguntaron, me dejaron ir.
Una vez recuperada la cámara, llevamos al compañero herido al hospital y nos volvemos para la ciudad de Maputo.
Esto es lo que ha ocurrido hoy 24 de enero en el Distrito de Manhiça de la Provincia de Maputo en Mozambique.
Santiago Merino López
Técnico Delegado para África
CIC Batá
Breve reflexión…
Una vez más, asistimos a la violación de los derechos que legítimamente tienen los campesinos y campesinas sobre la tierra y el agua, al abuso por parte del corrupto Presidente del Conselho Municipal de Manhiça con detenciones ilegales de campesinos y tasas abusivas a la comercialización sino que además son intimidados y agredidos por orden suya cuando pacíficamente quieren defender sus derechos.
La pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué lleva a esta persona a tener este comportamiento? Pues la respuesta es clara… DINERO tanto para él como para el Conselho Municipal (fundamentalmente proveniente de la empresa azucarera MARAGRA) y PODER que le da el apropiarse de las tierras de los campesinos.
En el Boletín de Batá que vamos a publicar en el mes de Abril y del que está encargada la Sede de Batá en África, nos centraremos en la violación de los derechos sobre la tierra que se dan de manera habitual en Mozambique. Hablaremos de lo que está ocurriendo en los Distritos de Manhiça, Marracuene, Boane (Provincia de Maputo) y del Distrito de Chókwè en la Provincia de Gaza.
La lucha continúa… para el día 17 de Abril (Dia Internacional de la lucha Campesina) se va a convocar de nuevo una gran manifestación en la Sede del Distrito de Manhiça en la que participarán campesinos de toda la Provincia de Maputo y algunos de la Provincia de Gaza (Distrito de Chókwè) para mostrar al mundo que no van a callar la voz de los campesinos porque como dice el lema de la UNAC:
¡¡ CAMPONESES UNIDOS
SEMPRE VENCEREMOS !!
martes, octubre 23, 2007
Cañada la real, recortes de noticias
Aseguran que "un niño se fracturó un brazo, otro perdió un ojo y una mujer sufrió un aborto" en los incidentes del jueves pasado.
Los vecinos del sector V de la Cañada Real pidieron hoy al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y al resto de los municipios afectados poder comprar legalmente los terrenos sobre los que se asientan sus viviendas, puesto que desde hace décadas pagan el IBI al Ayuntamiento, declaran las propiedades a Hacienda y reciben servicios propios de una urbanización tales como recogida de basuras, correo y teléfono.
"LA FUERZA NO ES LA SOLUCION"Así hicieron un llamamiento a la negociación, al tiempo dejaron clara su posición contra el uso de la violencia, a raíz de los hechos acaecidos ayer. "El empleo de la fuerza, por ninguna de las partes, es la solución".
El poblado tiene su origen en los años sesenta, ahora consta de 40.000 habitantes, con más de 2000 viviendas y unos 15 kilómetros de longitud. En el año 1200, Alfonso X decretó que no se podría construir en las cañadas reales.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) quiere expresar su condena ante la violencia policial ejercida en las últimas horas contra los vecinos del poblado de la Cañada Real Galiana del distrito Villa de Vallecas que protestaban contra la ejecución del desahucio de una vivienda.
La vivienda derribada el pasado jueves en el poblado madrileño de la Cañada Real ya tiene más de tres metros de altura y en una semana puede estar terminada en su parte exterior, según señalaron a Efe portavoces de voluntarios y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que ayudan a las familias que allí se asientan.
Desde ayer, más de 30 vecinos de Abdul colaboran en levantar la nueva casa y han realizado varias colectas para comprar los materiales, como los 3.000 euros aportados por la asociación de vecinos.
miércoles, octubre 10, 2007
Movilízate contra la pobreza
La Alianza Española contra la Pobreza reclama a la clase política que atienda el llamamiento de la ciudadanía
Más de 1.000 colectivos sociales se movilizarán el 21 de octubre contra la pobreza
La Alianza Española contra la Pobreza ha convocado a toda la ciudadanía para exigir un compromiso firme de los y las representantes políticos en la lucha contra la pobreza.
La Alianza exige, ante la cercanía de la campaña electoral, que la lucha contra la pobreza forme parte de la agenda política y de sus programas electorales, ya que se trata de una cuestión que preocupa realmente a la ciudadanía, tal y como está demostrando con su firme compromiso en todas las movilizaciones convocadas hasta el momento y en la solidaridad que demuestra sistemáticamente en momentos de crisis humanitarias.
Movilizaciones y solidaridad que han contribuido decisivamente a ciertos avances que, sin embargo, resultan aún insuficientes.
“La sociedad española reclama el compromiso de los partidos políticos y de los gobernantes con la lucha internacional contra la pobreza. Es preciso profundizar y dar coherencia a nuestras políticas de cooperación internacional junto con las políticas sociales, comerciales, de inmigración, etc. salvaguardándolas de los intereses estratégicos que las devalúan. Y también es preciso denunciar las causas y los causantes de la indigna situación que padecen millones de personas en el mundo”, ha declarado David Ortiz, representante de la Alianza.
Tímidos avances y muchas ”incoherencias” en el cumplimiento de los ODM
A pesar de algunos avances, los acuerdos internacionales firmados por los líderes mundiales siguen lejos de cumplirse. En este sentido, el África subsahariana sigue siendo la región del mundo con más personas viviendo en la pobreza. Si no se refuerzan las acciones de lucha contra la pobreza, en el año 2015 serán 800 millones de personas las que vivan con menos de 1 dólar al día, mientras que el compromiso internacional cifraba en 420 millones la meta planteada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
En el resto de ODM el avance tampoco ha sido el esperado.
Por ejemplo, en la lucha contra el SIDA, el África subsahariana sólo ha recibido el 60% de los fondos prometidos. Si no se adoptan inmediatamente mayores medidas, en 2025 las personas afectadas en esta región podrían llegar a ser 90 millones.
La lucha internacional contra la pobreza requiere mayores inversiones, aunque éstas no deben servir para compensar los daños producidos por otras políticas.
La lucha internacional contra la pobreza requiere mayores inversiones, aunque éstas no deben servir para compensar los daños producidos por otras políticas.
La Alianza denuncia en este sentido las políticas creadas para satisfacer intereses comerciales y estratégicos, que impiden a los pueblos del Sur ejercer su derecho al desarrollo, y que se alejan del horizonte de la justicia y la equidad internacional .
Visita www.pobrezacero.org
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lunes, octubre 08, 2007
Desalojo, Casas Viejas resiste pacificamente
Hoy cumple el plazo judicial para el desalojo voluntario
CASAS VIEJAS ANUNCIA SU INTENCIÓN DE RESISTIR EL DESALOJO MEDIANTE LA DESOBEDIENCIA CIVIL PACÍFICA
La avidez económica de los propietarios, que habían mantenido en el más absoluto abandono el inmueble que ocupa el CSOA Casas Viejas durante más de 20 años, ha conseguido ganar la batalla legal.
A partir de hoy viernes 5 de octubre la sentencia de desalojo puede cumplirse en cualquier momento. También hoy comienza una campaña de resistencia, vigilancia y apoyo al Centro Social.
Sevilla, Viernes 5 de Octubre de 2007
La libertad de prensa, el derecho de reunión y manifestación, los sistemas de protección social, la igualdad ante la ley. Todos los derechos se han conseguido mediante la desobediencia civil contra las leyes injustas que, en su momento, condenaban todas estas demandas que ahora están garantizadas (al menos sobre el papel) en cualquier Estado democrático.
Hoy, el derecho a la vivienda y el uso de espacios sociales no está suficientemente garantizado por la ley que prima los intereses económicos y especulativos del capital. Ante esta situación -legal pero injusta- es hora de volver a desobedecer, pacíficamente, para garantizar nuevos derechos sociales.
Por ello, la asamblea del CSOA de Casas Viejas y las redes de apoyo han decidido resistir ante el injusto desalojo mediante la desobediencia civil pacífica, como hicieron tantos otros en el pasado para acabar con el aparheid, el servicio militar obligatorio, el colonialismo o las dictaduras. Ahora es el momento de acabar con la especulación, la expulsión de las poblaciones humildes de sus barrios de origen, la degradación de edificios abandonados, etc.
El Centro Social Casas Viejas lleva en su actual emplazamiento cinco años, gestionado por una asamblea en la que todas las participantes tienen la palabra y sin recibir ningún dinero de nadie, resolviendo las necesidades de espacios sociales, culturales, de vivienda y de trabajo, allí donde la administración no propone nada y donde el mercado privado especula y expulsa a la población del barrio.
Durante estos 5 años se han realizado todo tipo de actividades lúdicas, culturales y políticas abiertas a todos, así como un trabajo de denuncia de la especulación y los abusos que se producen en el mercado inmobiliario, en una ciudad con más de
45.000 viviendas vacías. Para la asamblea de Casas Viejas, la ocupación es una forma de lucha justificada, apuesta por la autogestión y la autonomía y no va a negociar el desalojo.
El hecho de que el ayuntamiento no haya ni siquiera definido que tipo de servicio va a ocupar el solar indica que tampoco se va a ejecutar por su parte ninguna obra de forma inmediata. Esto nos hace pensar que en el caso de que se consiga llevar a cabo el desalojo y el derribo, este espacio permanecerá como solar por varios años cuando podría seguir siendo usado para actividades sociales y políticas. La asamblea del Centro Social sospecha de algún tipo de pacto entre la propiedad y el ayuntamiento para que sea la primera la que aparezca como responsable de este desalojo injusto y no suponga ningún tipo de desgaste para la coalición de "izquierda" que gobierna actualmente Sevilla.
El CSOA Casas Viejas no empieza ni termina en este espacio, Casas Viejas no se negocia, Casas Viejas no se rinde, Casas Viejas resiste.
Centro social okupado y autogestionado Casas Viejas
Antonia Saenz 12, BARRIO DEL PUMAREJO. Sevilla
http://www.csoacasasviejas.org/
CASAS VIEJAS ANUNCIA SU INTENCIÓN DE RESISTIR EL DESALOJO MEDIANTE LA DESOBEDIENCIA CIVIL PACÍFICA
La avidez económica de los propietarios, que habían mantenido en el más absoluto abandono el inmueble que ocupa el CSOA Casas Viejas durante más de 20 años, ha conseguido ganar la batalla legal.
A partir de hoy viernes 5 de octubre la sentencia de desalojo puede cumplirse en cualquier momento. También hoy comienza una campaña de resistencia, vigilancia y apoyo al Centro Social.
Sevilla, Viernes 5 de Octubre de 2007
La libertad de prensa, el derecho de reunión y manifestación, los sistemas de protección social, la igualdad ante la ley. Todos los derechos se han conseguido mediante la desobediencia civil contra las leyes injustas que, en su momento, condenaban todas estas demandas que ahora están garantizadas (al menos sobre el papel) en cualquier Estado democrático.
Hoy, el derecho a la vivienda y el uso de espacios sociales no está suficientemente garantizado por la ley que prima los intereses económicos y especulativos del capital. Ante esta situación -legal pero injusta- es hora de volver a desobedecer, pacíficamente, para garantizar nuevos derechos sociales.
Por ello, la asamblea del CSOA de Casas Viejas y las redes de apoyo han decidido resistir ante el injusto desalojo mediante la desobediencia civil pacífica, como hicieron tantos otros en el pasado para acabar con el aparheid, el servicio militar obligatorio, el colonialismo o las dictaduras. Ahora es el momento de acabar con la especulación, la expulsión de las poblaciones humildes de sus barrios de origen, la degradación de edificios abandonados, etc.
El Centro Social Casas Viejas lleva en su actual emplazamiento cinco años, gestionado por una asamblea en la que todas las participantes tienen la palabra y sin recibir ningún dinero de nadie, resolviendo las necesidades de espacios sociales, culturales, de vivienda y de trabajo, allí donde la administración no propone nada y donde el mercado privado especula y expulsa a la población del barrio.
Durante estos 5 años se han realizado todo tipo de actividades lúdicas, culturales y políticas abiertas a todos, así como un trabajo de denuncia de la especulación y los abusos que se producen en el mercado inmobiliario, en una ciudad con más de
45.000 viviendas vacías. Para la asamblea de Casas Viejas, la ocupación es una forma de lucha justificada, apuesta por la autogestión y la autonomía y no va a negociar el desalojo.
El hecho de que el ayuntamiento no haya ni siquiera definido que tipo de servicio va a ocupar el solar indica que tampoco se va a ejecutar por su parte ninguna obra de forma inmediata. Esto nos hace pensar que en el caso de que se consiga llevar a cabo el desalojo y el derribo, este espacio permanecerá como solar por varios años cuando podría seguir siendo usado para actividades sociales y políticas. La asamblea del Centro Social sospecha de algún tipo de pacto entre la propiedad y el ayuntamiento para que sea la primera la que aparezca como responsable de este desalojo injusto y no suponga ningún tipo de desgaste para la coalición de "izquierda" que gobierna actualmente Sevilla.
El CSOA Casas Viejas no empieza ni termina en este espacio, Casas Viejas no se negocia, Casas Viejas no se rinde, Casas Viejas resiste.
Centro social okupado y autogestionado Casas Viejas
Antonia Saenz 12, BARRIO DEL PUMAREJO. Sevilla
http://www.csoacasasviejas.org/
martes, junio 26, 2007
Campaña en defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria
Campaña en defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria
La campaña en Defensa de la Biodiversidad y la Soberanía Alimentaria reivindica los derechos colectivos de las comunidades indígenas, negras y campesinas sobre sus territorios y recursos. Su propósito es resguardar la soberanía alimentaria, valorar y visibilizar las propuestas agroecológicas de producción, preservar la diversidad biológica, cultural y productiva, frente a la privatización y patentamiento de la vida y de los recursos naturales
Fundación Swissaid, Grupo Semillas y Red Agroecológica del Caribe, RECAR
… Sembrar semillas nativas es sembrar soberanía y diversidad…
Las comunidades negras, indígenas y campesinas han sido las guardianas de la diversidad cultural y la riqueza natural de Colombia. Por generaciones nuestros pueblos han conservado sus conocimientos y prácticas productivas ancestrales, lenguas, creaciones artísticas y sus expresiones políticas alternativas. Aunque muchos de sus derechos colectivos y prácticas culturales están hoy protegidos por Convenios internacionales, la Constitución Política Nacional y la ley, en muchos casos los derechos sobre sus territorios y recursos naturales son ignorados y vulnerados.
Son muchas las amenazas que se ciernen sobre las comunidades rurales en un mundo globalizado. Las políticas de globalización y liberación económica, impuestas a través de acuerdos internacionales, tratados de libre comercio y programas de ajuste estructural impulsados por los países del Norte y los organismos financieros internacionales, lesionan la soberanía de las naciones, afectan la diversidad biológica y cultural, fomentan la sobreexplotación de los recursos naturales y vulnera la soberanía alimentaria.
En este contexto se plantea la campaña en Defensa de la Biodiversidad y la Soberanía Alimentaria, la cual reivindica los derechos colectivos de las comunidades indígenas, negras y campesinas sobre sus territorios y recursos. Su propósito es resguardar la soberanía alimentaria, valorar y visibilizar las propuestas agroecológicas de producción, preservar la diversidad biológica, cultural y productiva, frente a la privatización y patentamiento de la vida y de los recursos naturales.
La campaña denuncia la amenaza que representan las semillas y alimentos transgénicos, por sus nocivos impactos sobre el ambiente, la biodiversidad, la salud humana, la soberanía alimentaria y los impactos socioeconómicos, especialmente en la economía campesina. La liberación de semillas transgénicas es muy lesiva para un país megadiverso como Colombia, puesto que es centro de origen y de diversidad de variedades esenciales para mantener una agricultura y alimentación del mundo. La campaña se basa en una visión ética frente a la defensa de la vida, las semillas nativas y la biodiversidad.
La campaña promueve respuestas colectivas y la acción política frente a las amenazas que representan los transgénicos. Este es el caso de la declaratoria del: “Resguardo indígena Zenú, Territorio Libre de Transgénicos”, en octubre de 2005, por parte de 170 cabildos de cinco municipios de Córdoba y Sucre. Este es el primer caso en Colombia y constituye un importante precedente para muchas otras regiones y organizaciones del país. En el mundo existen más de 200 experiencias de territorios o zonas libres de transgénicos.
Los objetivos de la Campaña en Colombia:
- Visibilizar y valorar el papel de la organizaciones locales en el manejo y conservación de la diversidad biológica y cultural y producción agroecológica; que incluyan aspectos como: rescate, uso, manejo e intercambio de semillas criollas, diversificación de la producción, fortalecimiento de los mercados locales, visibilización del papel de la mujer en la cultura, la producción y la economía familiar.
- Promover acciones que permitan proteger los recursos genéticos frente a la biopiratería y frente a la introducción al país de cultivos y alimentos transgénicos.
- Promover el debate público y brindar información a las organizaciones locales y otros sectores de la sociedad sobre temas tales como: políticas públicas y legislación ambiental, biodiversidad, propiedad intelectual, agricultura, TLC, bioseguridad y transgénicos.
- Incidir en diferentes instancias de la sociedad: organizaciones locales, instituciones públicas, sectores académicos y los consumidores.
La estrategia de la campaña incluye acciones como:
- Conformar alianzas y redes regionales y nacionales de organizaciones campesinas, negras e indígenas, agroecológicas y otros sectores de la sociedad.
- Realizar foros regionales con amplia participación y talleres con las organizaciones que participan en la campaña.
- Desarrollar una estrategia de difusión de información y comunicación, a través de materiales, publicaciones, declaraciones, comunicados.
La campaña se promoverá en siete regiones del país: Caribe, Pacífico, cafetera, Santanderes, Huila y Tolima, Cauca y Valle y Sur de Bolívar.
Internacionalmente, la campaña se articulará con las iniciativas emprendidas por organizaciones amigas de la Oficina de Swissaid en Ecuador y Nicaragua.
También se vinculará con otras campañas en América Latina promovidas por la Red América Latina Libre de Transgénicos (RALLT) y la de Semillas de Vía Campesina, entre otras.
Las organizaciones convocantes - Fundación Swissaid, la RECAR y Grupo Semillas - cumplirán el papel de facilitadores y articuladores de las diferentes actividades de la campaña.
Las organizaciones y comunidades locales y otras organizaciones que participen, harán parte de las redes regionales de la campaña. Se pretende desarrollar estrategias y acciones de acuerdo a los contextos, la problemática y las necesidades de cada una de las regiones, y la articulación de objetivos y acciones comunes en el ámbito nacional e internacional.
Invitamos a las organizaciones que estén de acuerdo con los fundamentos y objetivos de la campaña, que se vinculen a esta y la incorporen a su trabajo.
Avances de la campaña
Durante el año 2006 en el marco de la campaña se han realizado seis foro-taller regionales de Colombia: Regiones de Córdoba y Sucre (en Sincelejo y Montería); Región del Tolima y Huila (en Ibagué); Región Valle y Cauca (en Caloto, Cauca); Región cafetera (en Riosucio Caldas) y Región de Santander (en Floridablanca).
En estos eventos se contó con una amplia participación de representantes de las organizaciones campesinas e indígenas, ONG, academia, algunas instituciones y sectores sociales comprometidos con la defensa del patrimonio ambiental del país, de la agricultura campesina e indígena y la soberanía alimentaria.
Así mismo, se identificó en cada región los temas más relevantes, de mayor impacto e interés y se logró conformar un grupo de organizaciones que se comprometieron a promover y coordinar la campaña en cada región.
El 27 y 28 de octubre en la ciudad de Cartagena, se encontraron más de 70 organizaciones de comunidades indígenas, campesinas, jóvenes y mujeres de la región Caribe donde manifestaron mediante una Declaración dirigida a la opinión pública y al Estado, que expresa el rechazo a las políticas que promueven la monopolización y privatización de los recursos naturales, la introducción de las semillas transgénicas y las políticas ambientales y agrarias que afectan a las comunidades rurales.
A mediano plazo, se busca consolidar una estrategia de articulación de los procesos y dinámicas regionales y de unión de esfuerzos para afrontar los temas estratégicos en el orden nacional e internacional y aportar en la construcción de una política pública que tenga como base las iniciativas locales en marcha.
Es así como en el año 2007, en el marco de la campaña se pretende promover la coordinación con otras redes, organizaciones, iniciativas y campañas similares o complementarias que se están adelantando en el país, y en otros países de América Latina (por Swissaid Ecuador y Nicaragua). Se pretende avanzar en los temas de incidencia que se definan en el ámbito regional y nacional. Adicionalmente se buscará avanzar en una estrategia de difusión de información a través de medios escritos, electrónicos y audiovisuales.
A continuación se presenta la declaración del foro público, realizado en Cartagena el 27 de octubre de 2006, en el marco de la Campaña Nacional, "En Defensa de la biodiversidad y la Soberanía Alimentaria", promovido por La Fundación Swissaid, El Grupo Semillas y la Red Agroecológica del Caribe (RECAR).
Declaración del foro por la defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria.
Cartagena 27 de Octubre de 2006
Más de 70 organizaciones de comunidades indígenas, campesinas, jóvenes y mujeres de la región Caribe, reunidos en Cartagena.
Teniendo en cuenta que:
- La región de la Costa Caribe es un espacio de diversidad biológica, cultural y política.
- Las profundas inequidades de los modelos de apropiación territorial en la región han desconocido los aportes y los esfuerzos de los grupos humanos locales, han deteriorado la base natural y han generado condiciones de concentración de la tierra que hacen insostenible la vida para millares de personas.
- El Tratado de Libre Comercio- TLC, acordado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, enajena los recursos estratégicos y determina la pérdida de soberanía en muchos aspectos de la vida económica, social, cultural y política del país.
Entre muchos otros aspectos, para preparar a Colombia frente al TLC, se presiona la inserción en las denominadas cadenas productivas especializadas en proveer materias primas para la demanda de los países desarrollados.
Esto se hace con un enorme costo ambiental y socioeconómico como lo demuestran las plantaciones de palma africana, la caña de azúcar, la yuca amarga y demás materias primas para los llamados biocombustibles. Un enfoque de política que parte de la premisa de suponer que los ùnicos que pueden subsistir en el campo sean los eficientes y competitivos es una clara decisión de liquidar las poblaciones culturalmente ligadas al campo.
- En el país, el actual gobierno promueve reformas regresivas, antidemocráticas, inconsultas y excluyentes en temas estructurales ligados a la vida e integridad de comunidades rurales y aún, las urbanas. La ley de Desarrollo Rural (30S) es un claro ejemplo de ello.
- La integridad de los ecosistemas, base y patrimonio natural de Colombia, que la colocan como país megabiodiverso del planeta y centro de domesticación de cultivos, queda estructural y negativamente afectada con la puesta en marcha de la ley forestal y el código de Minas y con la ley de aguas en trámite. Tales políticas fragmentan la visión ecosistémica, privatizan los recursos y agotan la base de las comunidades asociadas a tales recursos.
- La biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado a ella, son patrimonio colectivo de las comunidades indígenas, negras y campesinas, por lo tanto sobre ellos no se puede aplicar ninguna forma de propiedad intelectual a través de patentes.
- En el mundo existen fuertes cuestionamientos y evidencias sobre los riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos sobre el ambiente, la biodiversidad y los efectos socioeconómicos del país y las comunidades locales.
Por lo tanto
1- Convocamos la unión y solidaridad de las organizaciones sociales, los estudiantes, académicos, Ongs, periodistas y demás sectores democráticos de la región Caribe, frente a las amenazas que afectan la integridad de los territorios, sus sistemas y los recursos locales, frente a las amenazas y políticas que afectan la integridad de los territorios y recursos de las comunidades locales.
2- Rechazamos los mecanismos e intenciones del proyecto de ley de Desarrollo Rural que actualmente cursa trámite en el Congreso. Es ilegal y atenta contra la integridad de más de 10 millones de personas que viven en el campo. Exigimos se archive el proyecto de ley y nos unimos a las demandas que adelantan otras organizaciones.
3- Rechazamos el TLC porque más que un tratado comercial, es una entrega de la soberanía nacional y de los recursos naturales que conlleva a una pérdida de los derechos de los ciudadanos colombianos y significa una imposición desventajosa hacia Colombia por parte de los Estados Unidos y porque no fue consultado con toda la sociedad. El TLC acentúa la pobreza, el desplazamiento y la inequidad.
4- Rechazamos la implementación de los monocultivos que causan enorme daño sobre los ecosistemas locales y sobre la estructura social y económica de las comunidades locales.
5- Rechazamos las leyes nacionales e internacionales que permiten la privatización de la vida y las actividades de biopiratería sobre nuestra biodiversidad y conocimiento tradicional.
Denunciamos que en la carta de entendimiento sobre biodiversidad y conocimiento tradicional incluida en el Tratado de Libre Comercio entre el gobierno colombiano con los Estados Unidos se amplia la aplicación de las patentes a todas las formas de vida y el conocimiento tradicional asociado, legitimando y fomentando la biopiratería del patrimonio genético de la Nación y especialmente, de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, negras y campesinas.
6- A su vez, la ley 1032 del 2006, que modifica el Código Penal respecto a la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, es una clara violación a los derechos de los agrícultores y las comunidades locales a mejorar, conservar y usar las semillas tradicionales. Rechazamos el carácter de esta ley, debido a que penaliza con cárcel y multas el uso no autorizado de semillas registradas o patentadas, dejando como única opción legal el uso de semillas registradas. Esta ley es una clara evidencia a favor de las patentes y control monopólico a favor de las transnacionales semilleras, lo cual llevaría a que los agricultores no utilicen sus propias semillas.
7- Rechazamos las políticas del Gobierno Nacional que permiten y promueven la introducción de cultivos y alimentos transgénicos. Especialmente rechazamos la introducción de maíz transgénico en la región Caribe por ser esta una de las regiones del mundo de mayor biodiversidad de semillas criollas de maíz y por el significado que tiene la cultura del maíz en toda la región, la cual se vería afectada por la introducción de las semillas transgénicas.
8- No aceptamos los programas de fomento agrícola y de ayuda alimentaria que contienen y promueven las semillas y alimentos transgenicas.
9- Respaldamos la Declaración del Territorio Indígena Zenú Libre de Transgénicos,suscrito en Octubre de 2005 por 177 cabildos, ubicados en 5 municipios de los departamentos de Córdoba y Sucre, como una estrategia de defensa de la cultura del maíz frente a la amenaza evidente de los cultivos transgénicos en la Región Caribe y en ejercicio de los derechos constitucionales para el gobierno propio de los territorios indígenas. Exigimos que las instituciones y autoridades gubernamentales reconozcan, respeten y apoyen esta decisión y hacemos un llamado a otras organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas para que protejan sus territorios y los declaren libres de transgénicos.
10- Animamos y nos unimos a las marchas, protestas y demás acciones que en el Caribe y a nivel nacional expresen públicamente el rechazo a la ley de Desarrollo Rural. Hacemos un fuerte llamado a las mujeres, los niños, los hombres, los y las jóvenes, a los consumidores, a los académicos, investigadores y en general a los ciudadanos que comparten nuestras preocupaciones para que tomen parte decidida por las alternativas que planteamos.
11- Proponemos al gobierno colombiano, se tengan en cuenta las iniciativas de las comunidades para el manejo del territorio y las estrategias de conservación y uso de la vida.
¡Por una Colombia diversa, soberana y que respete los derechos de la gente y de la naturaleza!
Más información:
GRUPO SEMILLAS Diagonal 27 Nº 15-31 ofic. 202 Bogotá - ColombiaTel: 571-2855728 Telfax: 571-2855144semillas@semillas.org.co - www.semillas.org.co
La campaña en Defensa de la Biodiversidad y la Soberanía Alimentaria reivindica los derechos colectivos de las comunidades indígenas, negras y campesinas sobre sus territorios y recursos. Su propósito es resguardar la soberanía alimentaria, valorar y visibilizar las propuestas agroecológicas de producción, preservar la diversidad biológica, cultural y productiva, frente a la privatización y patentamiento de la vida y de los recursos naturales
Fundación Swissaid, Grupo Semillas y Red Agroecológica del Caribe, RECAR
… Sembrar semillas nativas es sembrar soberanía y diversidad…
Las comunidades negras, indígenas y campesinas han sido las guardianas de la diversidad cultural y la riqueza natural de Colombia. Por generaciones nuestros pueblos han conservado sus conocimientos y prácticas productivas ancestrales, lenguas, creaciones artísticas y sus expresiones políticas alternativas. Aunque muchos de sus derechos colectivos y prácticas culturales están hoy protegidos por Convenios internacionales, la Constitución Política Nacional y la ley, en muchos casos los derechos sobre sus territorios y recursos naturales son ignorados y vulnerados.
Son muchas las amenazas que se ciernen sobre las comunidades rurales en un mundo globalizado. Las políticas de globalización y liberación económica, impuestas a través de acuerdos internacionales, tratados de libre comercio y programas de ajuste estructural impulsados por los países del Norte y los organismos financieros internacionales, lesionan la soberanía de las naciones, afectan la diversidad biológica y cultural, fomentan la sobreexplotación de los recursos naturales y vulnera la soberanía alimentaria.
En este contexto se plantea la campaña en Defensa de la Biodiversidad y la Soberanía Alimentaria, la cual reivindica los derechos colectivos de las comunidades indígenas, negras y campesinas sobre sus territorios y recursos. Su propósito es resguardar la soberanía alimentaria, valorar y visibilizar las propuestas agroecológicas de producción, preservar la diversidad biológica, cultural y productiva, frente a la privatización y patentamiento de la vida y de los recursos naturales.
La campaña denuncia la amenaza que representan las semillas y alimentos transgénicos, por sus nocivos impactos sobre el ambiente, la biodiversidad, la salud humana, la soberanía alimentaria y los impactos socioeconómicos, especialmente en la economía campesina. La liberación de semillas transgénicas es muy lesiva para un país megadiverso como Colombia, puesto que es centro de origen y de diversidad de variedades esenciales para mantener una agricultura y alimentación del mundo. La campaña se basa en una visión ética frente a la defensa de la vida, las semillas nativas y la biodiversidad.
La campaña promueve respuestas colectivas y la acción política frente a las amenazas que representan los transgénicos. Este es el caso de la declaratoria del: “Resguardo indígena Zenú, Territorio Libre de Transgénicos”, en octubre de 2005, por parte de 170 cabildos de cinco municipios de Córdoba y Sucre. Este es el primer caso en Colombia y constituye un importante precedente para muchas otras regiones y organizaciones del país. En el mundo existen más de 200 experiencias de territorios o zonas libres de transgénicos.
Los objetivos de la Campaña en Colombia:
- Visibilizar y valorar el papel de la organizaciones locales en el manejo y conservación de la diversidad biológica y cultural y producción agroecológica; que incluyan aspectos como: rescate, uso, manejo e intercambio de semillas criollas, diversificación de la producción, fortalecimiento de los mercados locales, visibilización del papel de la mujer en la cultura, la producción y la economía familiar.
- Promover acciones que permitan proteger los recursos genéticos frente a la biopiratería y frente a la introducción al país de cultivos y alimentos transgénicos.
- Promover el debate público y brindar información a las organizaciones locales y otros sectores de la sociedad sobre temas tales como: políticas públicas y legislación ambiental, biodiversidad, propiedad intelectual, agricultura, TLC, bioseguridad y transgénicos.
- Incidir en diferentes instancias de la sociedad: organizaciones locales, instituciones públicas, sectores académicos y los consumidores.
La estrategia de la campaña incluye acciones como:
- Conformar alianzas y redes regionales y nacionales de organizaciones campesinas, negras e indígenas, agroecológicas y otros sectores de la sociedad.
- Realizar foros regionales con amplia participación y talleres con las organizaciones que participan en la campaña.
- Desarrollar una estrategia de difusión de información y comunicación, a través de materiales, publicaciones, declaraciones, comunicados.
La campaña se promoverá en siete regiones del país: Caribe, Pacífico, cafetera, Santanderes, Huila y Tolima, Cauca y Valle y Sur de Bolívar.
Internacionalmente, la campaña se articulará con las iniciativas emprendidas por organizaciones amigas de la Oficina de Swissaid en Ecuador y Nicaragua.
También se vinculará con otras campañas en América Latina promovidas por la Red América Latina Libre de Transgénicos (RALLT) y la de Semillas de Vía Campesina, entre otras.
Las organizaciones convocantes - Fundación Swissaid, la RECAR y Grupo Semillas - cumplirán el papel de facilitadores y articuladores de las diferentes actividades de la campaña.
Las organizaciones y comunidades locales y otras organizaciones que participen, harán parte de las redes regionales de la campaña. Se pretende desarrollar estrategias y acciones de acuerdo a los contextos, la problemática y las necesidades de cada una de las regiones, y la articulación de objetivos y acciones comunes en el ámbito nacional e internacional.
Invitamos a las organizaciones que estén de acuerdo con los fundamentos y objetivos de la campaña, que se vinculen a esta y la incorporen a su trabajo.
Avances de la campaña
Durante el año 2006 en el marco de la campaña se han realizado seis foro-taller regionales de Colombia: Regiones de Córdoba y Sucre (en Sincelejo y Montería); Región del Tolima y Huila (en Ibagué); Región Valle y Cauca (en Caloto, Cauca); Región cafetera (en Riosucio Caldas) y Región de Santander (en Floridablanca).
En estos eventos se contó con una amplia participación de representantes de las organizaciones campesinas e indígenas, ONG, academia, algunas instituciones y sectores sociales comprometidos con la defensa del patrimonio ambiental del país, de la agricultura campesina e indígena y la soberanía alimentaria.
Así mismo, se identificó en cada región los temas más relevantes, de mayor impacto e interés y se logró conformar un grupo de organizaciones que se comprometieron a promover y coordinar la campaña en cada región.
El 27 y 28 de octubre en la ciudad de Cartagena, se encontraron más de 70 organizaciones de comunidades indígenas, campesinas, jóvenes y mujeres de la región Caribe donde manifestaron mediante una Declaración dirigida a la opinión pública y al Estado, que expresa el rechazo a las políticas que promueven la monopolización y privatización de los recursos naturales, la introducción de las semillas transgénicas y las políticas ambientales y agrarias que afectan a las comunidades rurales.
A mediano plazo, se busca consolidar una estrategia de articulación de los procesos y dinámicas regionales y de unión de esfuerzos para afrontar los temas estratégicos en el orden nacional e internacional y aportar en la construcción de una política pública que tenga como base las iniciativas locales en marcha.
Es así como en el año 2007, en el marco de la campaña se pretende promover la coordinación con otras redes, organizaciones, iniciativas y campañas similares o complementarias que se están adelantando en el país, y en otros países de América Latina (por Swissaid Ecuador y Nicaragua). Se pretende avanzar en los temas de incidencia que se definan en el ámbito regional y nacional. Adicionalmente se buscará avanzar en una estrategia de difusión de información a través de medios escritos, electrónicos y audiovisuales.
A continuación se presenta la declaración del foro público, realizado en Cartagena el 27 de octubre de 2006, en el marco de la Campaña Nacional, "En Defensa de la biodiversidad y la Soberanía Alimentaria", promovido por La Fundación Swissaid, El Grupo Semillas y la Red Agroecológica del Caribe (RECAR).
Declaración del foro por la defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria.
Cartagena 27 de Octubre de 2006
Más de 70 organizaciones de comunidades indígenas, campesinas, jóvenes y mujeres de la región Caribe, reunidos en Cartagena.
Teniendo en cuenta que:
- La región de la Costa Caribe es un espacio de diversidad biológica, cultural y política.
- Las profundas inequidades de los modelos de apropiación territorial en la región han desconocido los aportes y los esfuerzos de los grupos humanos locales, han deteriorado la base natural y han generado condiciones de concentración de la tierra que hacen insostenible la vida para millares de personas.
- El Tratado de Libre Comercio- TLC, acordado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, enajena los recursos estratégicos y determina la pérdida de soberanía en muchos aspectos de la vida económica, social, cultural y política del país.
Entre muchos otros aspectos, para preparar a Colombia frente al TLC, se presiona la inserción en las denominadas cadenas productivas especializadas en proveer materias primas para la demanda de los países desarrollados.
Esto se hace con un enorme costo ambiental y socioeconómico como lo demuestran las plantaciones de palma africana, la caña de azúcar, la yuca amarga y demás materias primas para los llamados biocombustibles. Un enfoque de política que parte de la premisa de suponer que los ùnicos que pueden subsistir en el campo sean los eficientes y competitivos es una clara decisión de liquidar las poblaciones culturalmente ligadas al campo.
- En el país, el actual gobierno promueve reformas regresivas, antidemocráticas, inconsultas y excluyentes en temas estructurales ligados a la vida e integridad de comunidades rurales y aún, las urbanas. La ley de Desarrollo Rural (30S) es un claro ejemplo de ello.
- La integridad de los ecosistemas, base y patrimonio natural de Colombia, que la colocan como país megabiodiverso del planeta y centro de domesticación de cultivos, queda estructural y negativamente afectada con la puesta en marcha de la ley forestal y el código de Minas y con la ley de aguas en trámite. Tales políticas fragmentan la visión ecosistémica, privatizan los recursos y agotan la base de las comunidades asociadas a tales recursos.
- La biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado a ella, son patrimonio colectivo de las comunidades indígenas, negras y campesinas, por lo tanto sobre ellos no se puede aplicar ninguna forma de propiedad intelectual a través de patentes.
- En el mundo existen fuertes cuestionamientos y evidencias sobre los riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos sobre el ambiente, la biodiversidad y los efectos socioeconómicos del país y las comunidades locales.
Por lo tanto
1- Convocamos la unión y solidaridad de las organizaciones sociales, los estudiantes, académicos, Ongs, periodistas y demás sectores democráticos de la región Caribe, frente a las amenazas que afectan la integridad de los territorios, sus sistemas y los recursos locales, frente a las amenazas y políticas que afectan la integridad de los territorios y recursos de las comunidades locales.
2- Rechazamos los mecanismos e intenciones del proyecto de ley de Desarrollo Rural que actualmente cursa trámite en el Congreso. Es ilegal y atenta contra la integridad de más de 10 millones de personas que viven en el campo. Exigimos se archive el proyecto de ley y nos unimos a las demandas que adelantan otras organizaciones.
3- Rechazamos el TLC porque más que un tratado comercial, es una entrega de la soberanía nacional y de los recursos naturales que conlleva a una pérdida de los derechos de los ciudadanos colombianos y significa una imposición desventajosa hacia Colombia por parte de los Estados Unidos y porque no fue consultado con toda la sociedad. El TLC acentúa la pobreza, el desplazamiento y la inequidad.
4- Rechazamos la implementación de los monocultivos que causan enorme daño sobre los ecosistemas locales y sobre la estructura social y económica de las comunidades locales.
5- Rechazamos las leyes nacionales e internacionales que permiten la privatización de la vida y las actividades de biopiratería sobre nuestra biodiversidad y conocimiento tradicional.
Denunciamos que en la carta de entendimiento sobre biodiversidad y conocimiento tradicional incluida en el Tratado de Libre Comercio entre el gobierno colombiano con los Estados Unidos se amplia la aplicación de las patentes a todas las formas de vida y el conocimiento tradicional asociado, legitimando y fomentando la biopiratería del patrimonio genético de la Nación y especialmente, de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, negras y campesinas.
6- A su vez, la ley 1032 del 2006, que modifica el Código Penal respecto a la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, es una clara violación a los derechos de los agrícultores y las comunidades locales a mejorar, conservar y usar las semillas tradicionales. Rechazamos el carácter de esta ley, debido a que penaliza con cárcel y multas el uso no autorizado de semillas registradas o patentadas, dejando como única opción legal el uso de semillas registradas. Esta ley es una clara evidencia a favor de las patentes y control monopólico a favor de las transnacionales semilleras, lo cual llevaría a que los agricultores no utilicen sus propias semillas.
7- Rechazamos las políticas del Gobierno Nacional que permiten y promueven la introducción de cultivos y alimentos transgénicos. Especialmente rechazamos la introducción de maíz transgénico en la región Caribe por ser esta una de las regiones del mundo de mayor biodiversidad de semillas criollas de maíz y por el significado que tiene la cultura del maíz en toda la región, la cual se vería afectada por la introducción de las semillas transgénicas.
8- No aceptamos los programas de fomento agrícola y de ayuda alimentaria que contienen y promueven las semillas y alimentos transgenicas.
9- Respaldamos la Declaración del Territorio Indígena Zenú Libre de Transgénicos,suscrito en Octubre de 2005 por 177 cabildos, ubicados en 5 municipios de los departamentos de Córdoba y Sucre, como una estrategia de defensa de la cultura del maíz frente a la amenaza evidente de los cultivos transgénicos en la Región Caribe y en ejercicio de los derechos constitucionales para el gobierno propio de los territorios indígenas. Exigimos que las instituciones y autoridades gubernamentales reconozcan, respeten y apoyen esta decisión y hacemos un llamado a otras organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas para que protejan sus territorios y los declaren libres de transgénicos.
10- Animamos y nos unimos a las marchas, protestas y demás acciones que en el Caribe y a nivel nacional expresen públicamente el rechazo a la ley de Desarrollo Rural. Hacemos un fuerte llamado a las mujeres, los niños, los hombres, los y las jóvenes, a los consumidores, a los académicos, investigadores y en general a los ciudadanos que comparten nuestras preocupaciones para que tomen parte decidida por las alternativas que planteamos.
11- Proponemos al gobierno colombiano, se tengan en cuenta las iniciativas de las comunidades para el manejo del territorio y las estrategias de conservación y uso de la vida.
¡Por una Colombia diversa, soberana y que respete los derechos de la gente y de la naturaleza!
Más información:
GRUPO SEMILLAS Diagonal 27 Nº 15-31 ofic. 202 Bogotá - ColombiaTel: 571-2855728 Telfax: 571-2855144semillas@semillas.org.co - www.semillas.org.co
El Derecho a la Comunicación AL DEBATE
CIC BATÁ organiza una mesa redonda el 28 de Junio, como antesala a la entrega del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria a Ignacio Ramonet.
Bajo el título “Derecho a la comunicación: ¿asignatura pendiente de la democracia?”, el Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá organiza una mesa redonda para abordar y reflexionar sobre la realidad de la comunicación y de los medios de masas hoy en día, así como el ejercicio de las libertades y la democracia participativa.
La actividad tendrá lugar el próximo 28 de Junio a las 20:30 horas en el salón de actos de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Esta actividad se enmarca en la segunda edición del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria. Se trata de la antesala a la entrega del galardón destinado al prestigioso periodista y teórico de la comunicación y de la información, Ignacio Ramonet, y que se celebrará, con la presencia del premiado, al día siguiente, el 29 de Junio, en el mismo lugar y hora.
El premio es una actividad enmarcada e inspirada en muchos de los valores de la ciudad de Córdoba, valores que en la diversidad cultural de su patrimonio representan sin duda un importante bagaje de comunicación. Es un proyecto que engarza con el proyecto de Córdoba Capital Cultural Europea 2016, un proyecto que camina con el mismo rumbo que pretende la Capitalidad Cultural Europea y que pretende poner a nuestra ciudad como un referente internacional en torno a la comunicación, a la cultura y al desarrollo de los pueblos. La Capitalidad Cultural Europea apuesta por el Premio Ciudad de Córdoba a la Capitalidad Cultural y el Premio apuesta por la Capitalidad Cultural para Córdoba en el 2016.
CIC BATÁ ha querido introducir una jornada paralela al Premio con el fin de ahondar en los valores del mismo y trasladarlo a los cordobeses. En definitiva, la convocatoria forma parte de una serie de actividades a nivel local, que buscan sensibilizar a la ciudadanía y crear procesos participativos en el ámbito de la educación para el desarrollo, proponiendo a Córdoba como una ciudad de referencia para la comunicación social y el derecho a la comunicación en el ámbito de la Unión Europea.
La mesa estará protagonizada por profesionales del ejercicio periodístico y comunicativo de diferentes facetas y esferas.
El periodista cordobés, Alberto Almansa, especializado en temas penitenciarios, y actualmente profesional de RTVA participará en la mesa redonda junto a sus colegas Belén Torres, directora del programa “Solidarios”, emitido en Canal Sur 2, Ana Fernández, secretaria de acción sindical del Sindicato de Periodistas en Córdoba. Fernández es coordinadora, junto a otros miembros del Sindicato de Periodistas de Andalucía, del premio Julio Anguita Parrado, trabaja en la Diputación de Córdoba y colabora en diferentes programas locales de la Cadena SER.
Por último, Miguel Romero, responsable de Comunicación y Sensibilización de la ONG ACSUR-Las Segovias, enriquecerá el debate con el que CIC BATÁ pretende llamar la atención a la ciudadanía cordobesa en torno al derecho de la comunicación, como fortalecimiento de la democracia. El coordinador de comunicación y educación para el desarrollo de CIC BATÁ, Carlos Guimaraes, será el encargado de moderar la mesa.
CIC BATÁ aprovechará el foro para presentar una publicación que recoge artículos de los miembros del jurado del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria.
Dichos textos desgranan los valores del galardón con el que se quiere resaltar la lucha y el compromiso por el derecho a la comunicación. Por ello, el objetivo general del Premio y todas las iniciativas que de él surgen radica en abrir un espacio para la reflexión sobre este principio fundamental, que favorece la democratización de la sociedad. Asimismo, la voluntad del premio es respaldar el desarrollo de los medios de comunicación social descentralizados y diversificados porque ensancha el campo de participación real y directa de la ciudadanía.
La celebración del premio se incluye en la filosofía de CIC-BATÁ, como organización social en el sector de la participación ciudadana y los procesos de educación para la paz y el desarrollo. La entidad defiende el respeto por el pluralismo, la diversidad cultural, de idiomas y de género, como un factor fundamental en nuestras sociedades democráticas y que deberían reflejarse a través de todos los medios de comunicación.
Bajo el título “Derecho a la comunicación: ¿asignatura pendiente de la democracia?”, el Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá organiza una mesa redonda para abordar y reflexionar sobre la realidad de la comunicación y de los medios de masas hoy en día, así como el ejercicio de las libertades y la democracia participativa.
La actividad tendrá lugar el próximo 28 de Junio a las 20:30 horas en el salón de actos de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Esta actividad se enmarca en la segunda edición del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria. Se trata de la antesala a la entrega del galardón destinado al prestigioso periodista y teórico de la comunicación y de la información, Ignacio Ramonet, y que se celebrará, con la presencia del premiado, al día siguiente, el 29 de Junio, en el mismo lugar y hora.
El premio es una actividad enmarcada e inspirada en muchos de los valores de la ciudad de Córdoba, valores que en la diversidad cultural de su patrimonio representan sin duda un importante bagaje de comunicación. Es un proyecto que engarza con el proyecto de Córdoba Capital Cultural Europea 2016, un proyecto que camina con el mismo rumbo que pretende la Capitalidad Cultural Europea y que pretende poner a nuestra ciudad como un referente internacional en torno a la comunicación, a la cultura y al desarrollo de los pueblos. La Capitalidad Cultural Europea apuesta por el Premio Ciudad de Córdoba a la Capitalidad Cultural y el Premio apuesta por la Capitalidad Cultural para Córdoba en el 2016.
CIC BATÁ ha querido introducir una jornada paralela al Premio con el fin de ahondar en los valores del mismo y trasladarlo a los cordobeses. En definitiva, la convocatoria forma parte de una serie de actividades a nivel local, que buscan sensibilizar a la ciudadanía y crear procesos participativos en el ámbito de la educación para el desarrollo, proponiendo a Córdoba como una ciudad de referencia para la comunicación social y el derecho a la comunicación en el ámbito de la Unión Europea.
La mesa estará protagonizada por profesionales del ejercicio periodístico y comunicativo de diferentes facetas y esferas.
El periodista cordobés, Alberto Almansa, especializado en temas penitenciarios, y actualmente profesional de RTVA participará en la mesa redonda junto a sus colegas Belén Torres, directora del programa “Solidarios”, emitido en Canal Sur 2, Ana Fernández, secretaria de acción sindical del Sindicato de Periodistas en Córdoba. Fernández es coordinadora, junto a otros miembros del Sindicato de Periodistas de Andalucía, del premio Julio Anguita Parrado, trabaja en la Diputación de Córdoba y colabora en diferentes programas locales de la Cadena SER.
Por último, Miguel Romero, responsable de Comunicación y Sensibilización de la ONG ACSUR-Las Segovias, enriquecerá el debate con el que CIC BATÁ pretende llamar la atención a la ciudadanía cordobesa en torno al derecho de la comunicación, como fortalecimiento de la democracia. El coordinador de comunicación y educación para el desarrollo de CIC BATÁ, Carlos Guimaraes, será el encargado de moderar la mesa.
CIC BATÁ aprovechará el foro para presentar una publicación que recoge artículos de los miembros del jurado del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria.
Dichos textos desgranan los valores del galardón con el que se quiere resaltar la lucha y el compromiso por el derecho a la comunicación. Por ello, el objetivo general del Premio y todas las iniciativas que de él surgen radica en abrir un espacio para la reflexión sobre este principio fundamental, que favorece la democratización de la sociedad. Asimismo, la voluntad del premio es respaldar el desarrollo de los medios de comunicación social descentralizados y diversificados porque ensancha el campo de participación real y directa de la ciudadanía.
La celebración del premio se incluye en la filosofía de CIC-BATÁ, como organización social en el sector de la participación ciudadana y los procesos de educación para la paz y el desarrollo. La entidad defiende el respeto por el pluralismo, la diversidad cultural, de idiomas y de género, como un factor fundamental en nuestras sociedades democráticas y que deberían reflejarse a través de todos los medios de comunicación.
lunes, junio 11, 2007
Presentación en Andalucía del Informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura
La Federación Andaluza de Drogodependencia y Sida “ENLACE”, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, han presentado esta mañana el nuevo Informe sobre Tortura en el Estado español, correspondiente al año 2006, elaborado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), entidad de la que forman parte.
Un mínimo de 610 personas denunciaron haber sufrido torturas y/o malos tratos en el año 2006, en al menos 266 situaciones ocurridas durante ese año.
Las entidades consideran que estos datos son “la punta del iceberg de muchos otros casos de malos tratos y tortura que no nos llegan o ni siquiera se denuncian”. Un total de 901 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad han recibido denuncias por torturas y/o malos tratos a lo largo del año 2006.
El Cuerpo Nacional de Policía aglutina el mayor número de denuncias (30’6%), seguido de la Policía Local (27’4%), la Policía Autonómica (16’4%), los funcionarios de prisiones y la Guardia Civil (cada uno con el 12’7% del total de personas denunciadas).
Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, hasta el momento, se han recopilado 63 casos de personas que han perdido la vida en estas circunstancias, la mayor parte, producida en las prisiones.
En Andalucía durante el año 2006, se han recopilado 55 casos con 139 denunciantes. De las 139 personas que denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas, 71 indicaron haberlas sufrida por Policía Nacional, 50 por Policías Local, 14 por Funcionarios de Prisiones, 3 por Guardias Civiles y 1 por Policía Autonómica. Andalucía es la segunda comunidad en número de denuncias (22,6 % del total del Estado español).
Entre las 10 provincias españolas con mayor número de denuncias se sitúan tres andaluzas:
Sevilla con 59 denunciantes
Málaga con 35
Cádiz con 23.
En nuestra Comunidad Autónoma fueron condenados ese mismo año al menos 14 funcionarios públicos, siendo la Policía Local la que obtuvo mayor número de condenas.Se eleva a 4.196 el número de denuncias presentadas en el Estado español en lo que llevamos de siglo XXI. Es decir, estaríamos hablando de casi 700 personas por año (casi dos al día). Según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, estas cifras indican “la existencia de situaciones de tortura y malos tratos de forma diaria, por no decir cotidiana”, lo que nos lleva a concluir “la persistencia de las torturas y los malos tratos en el Estado español”.
En la rueda de prensa también se recordó que antes del 22 de junio de 2007 el Estado español deberá crear un “mecanismo nacional de prevención” para visitar sin previo aviso prisiones, centros de menores, Dependencias de la Policía Autonómica, Nacional, Local y la Guardia Civil, centros de internamiento de inmigrantes, etc. y mantener entrevistas sin testigos con cualquier persona que esté en ellos. Así lo establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas, en vigor desde junio de 2006 y ratificado por España en abril de ese año.
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura defiende que “el mecanismo debe ser integrado por personas que cuenten con capacidad y conocimientos profesionales reconocidos y demostrados y un compromiso firme en materia de derechos humanos” y que el proceso de elección de las mismas debe cumplir todas las garantías necesarias para asegurar la representación de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.
Por eso, cuando falta muy poco tiempo para que se cierre el plazo previsto en el Protocolo, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura muestra su preocupación por la intención del Gobierno español de diseñar el mecanismo nacional en torno a la oficina del Defensor del Pueblo Español, porque “el valor del nuevo mecanismo estaría devaluado si se atribuyen sus competencias a una institución ya existente y que no ha sido capaz de reducir los excesos de los funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones”.
Las entidades también señalaron en esta rueda de prensa que “hace un año que el Estado español ratificó el Protocolo Facultativo de la ONU para la prevención de la tortura, y este primer aniversario se celebra recibiendo una nueva reprimenda por sus políticas al respecto, en esta ocasión, mediante el último informe del Relator Especial para el tema de la tortura de la ONU, Manfred Nowak”.
En este Informe, Nowak ha reiterado las preocupaciones y recomendaciones de su predecesor en el cargo en lo referente al mantenimiento del régimen de detención incomunicada, la prolongada dilación en la investigación judicial de las denuncias por tortura y la falta de depuración de responsabilidades por parte de la administración a este respecto”. Asimismo, el Relator de la ONU lamenta explícitamente la negativa a registrar audiovisualmente los interrogatorios policiales.
LA ASAMBLEA POR EL LIBRE USO DEL ESPACIO PÚBLICO INFORMA:
Como much@s sabréis, durante los primeros meses de la aplicación de la infame ley “antireunión”, se produjeron concentraciones pacíficas y silenciosas como reivindicación del Espacio Público como lugar de reunión, las cuáles fueron disueltas con violencia por parte de la policía local y nacional, produciéndose múltiples agresiones físicas y psicológicas, además de detenciones ilegales. Nuestro compañero Salva fue uno de ellos, habiendo sido retenido toda la noche en los calabozos por intentar defender unos derechos que son de tod@s, y ahora se debe enfrentar a un juicio en un ejemplo más de hipocresía “democrática”. El juicio se celebrará el próximo miércoles 13 a las 10.40h. en los Juzgados de El Prado.
Por ello convocamos una concentración en la puerta de los Juzgados el mismo miércoles 13 a las 11.00h, donde realizaremos un acto de protesta ante éste y otros muchos atropellos que venimos sufriendo últimamente y que están quedando impunes. Es Salva el que se enfrenta al juicio, pero somos tod@s l@s afectad@s, pues nuestro compañero fue golpeado y detenido defendiendo algo que nos atañe a cada un@ de nosotr@s. Por ello ahora es el momento de cerrar filas y reaccionar al unísono ante la sucesión de ataques a nuestros derechos y libertades que se vienen produciendo.
Puerta de los Juzgados – miércoles 13 – 11.00h
¡¡¡ACUDE!!! ¡¡¡SALVA SOMOS TOD@S!!!
Un mínimo de 610 personas denunciaron haber sufrido torturas y/o malos tratos en el año 2006, en al menos 266 situaciones ocurridas durante ese año.
Las entidades consideran que estos datos son “la punta del iceberg de muchos otros casos de malos tratos y tortura que no nos llegan o ni siquiera se denuncian”. Un total de 901 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad han recibido denuncias por torturas y/o malos tratos a lo largo del año 2006.
El Cuerpo Nacional de Policía aglutina el mayor número de denuncias (30’6%), seguido de la Policía Local (27’4%), la Policía Autonómica (16’4%), los funcionarios de prisiones y la Guardia Civil (cada uno con el 12’7% del total de personas denunciadas).
Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, hasta el momento, se han recopilado 63 casos de personas que han perdido la vida en estas circunstancias, la mayor parte, producida en las prisiones.
En Andalucía durante el año 2006, se han recopilado 55 casos con 139 denunciantes. De las 139 personas que denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas, 71 indicaron haberlas sufrida por Policía Nacional, 50 por Policías Local, 14 por Funcionarios de Prisiones, 3 por Guardias Civiles y 1 por Policía Autonómica. Andalucía es la segunda comunidad en número de denuncias (22,6 % del total del Estado español).
Entre las 10 provincias españolas con mayor número de denuncias se sitúan tres andaluzas:
Sevilla con 59 denunciantes
Málaga con 35
Cádiz con 23.
En nuestra Comunidad Autónoma fueron condenados ese mismo año al menos 14 funcionarios públicos, siendo la Policía Local la que obtuvo mayor número de condenas.Se eleva a 4.196 el número de denuncias presentadas en el Estado español en lo que llevamos de siglo XXI. Es decir, estaríamos hablando de casi 700 personas por año (casi dos al día). Según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, estas cifras indican “la existencia de situaciones de tortura y malos tratos de forma diaria, por no decir cotidiana”, lo que nos lleva a concluir “la persistencia de las torturas y los malos tratos en el Estado español”.
En la rueda de prensa también se recordó que antes del 22 de junio de 2007 el Estado español deberá crear un “mecanismo nacional de prevención” para visitar sin previo aviso prisiones, centros de menores, Dependencias de la Policía Autonómica, Nacional, Local y la Guardia Civil, centros de internamiento de inmigrantes, etc. y mantener entrevistas sin testigos con cualquier persona que esté en ellos. Así lo establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas, en vigor desde junio de 2006 y ratificado por España en abril de ese año.
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura defiende que “el mecanismo debe ser integrado por personas que cuenten con capacidad y conocimientos profesionales reconocidos y demostrados y un compromiso firme en materia de derechos humanos” y que el proceso de elección de las mismas debe cumplir todas las garantías necesarias para asegurar la representación de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.
Por eso, cuando falta muy poco tiempo para que se cierre el plazo previsto en el Protocolo, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura muestra su preocupación por la intención del Gobierno español de diseñar el mecanismo nacional en torno a la oficina del Defensor del Pueblo Español, porque “el valor del nuevo mecanismo estaría devaluado si se atribuyen sus competencias a una institución ya existente y que no ha sido capaz de reducir los excesos de los funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones”.
Las entidades también señalaron en esta rueda de prensa que “hace un año que el Estado español ratificó el Protocolo Facultativo de la ONU para la prevención de la tortura, y este primer aniversario se celebra recibiendo una nueva reprimenda por sus políticas al respecto, en esta ocasión, mediante el último informe del Relator Especial para el tema de la tortura de la ONU, Manfred Nowak”.
En este Informe, Nowak ha reiterado las preocupaciones y recomendaciones de su predecesor en el cargo en lo referente al mantenimiento del régimen de detención incomunicada, la prolongada dilación en la investigación judicial de las denuncias por tortura y la falta de depuración de responsabilidades por parte de la administración a este respecto”. Asimismo, el Relator de la ONU lamenta explícitamente la negativa a registrar audiovisualmente los interrogatorios policiales.
LA ASAMBLEA POR EL LIBRE USO DEL ESPACIO PÚBLICO INFORMA:
Como much@s sabréis, durante los primeros meses de la aplicación de la infame ley “antireunión”, se produjeron concentraciones pacíficas y silenciosas como reivindicación del Espacio Público como lugar de reunión, las cuáles fueron disueltas con violencia por parte de la policía local y nacional, produciéndose múltiples agresiones físicas y psicológicas, además de detenciones ilegales. Nuestro compañero Salva fue uno de ellos, habiendo sido retenido toda la noche en los calabozos por intentar defender unos derechos que son de tod@s, y ahora se debe enfrentar a un juicio en un ejemplo más de hipocresía “democrática”. El juicio se celebrará el próximo miércoles 13 a las 10.40h. en los Juzgados de El Prado.
Por ello convocamos una concentración en la puerta de los Juzgados el mismo miércoles 13 a las 11.00h, donde realizaremos un acto de protesta ante éste y otros muchos atropellos que venimos sufriendo últimamente y que están quedando impunes. Es Salva el que se enfrenta al juicio, pero somos tod@s l@s afectad@s, pues nuestro compañero fue golpeado y detenido defendiendo algo que nos atañe a cada un@ de nosotr@s. Por ello ahora es el momento de cerrar filas y reaccionar al unísono ante la sucesión de ataques a nuestros derechos y libertades que se vienen produciendo.
Puerta de los Juzgados – miércoles 13 – 11.00h
¡¡¡ACUDE!!! ¡¡¡SALVA SOMOS TOD@S!!!
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